José Manuel Lage Tuñas es de los que no se cortan. El número dos del Pesedegá, ha llegado a afirmar que la jueza Pilar De Lara, además de «impresentable», es una «manzana podrida» de la justicia. Así, como suena. Implícitamente la acusa de prevaricación por haber adoptado a sabiendas decisiones injustas que afectaron a destacados miembros del Partido Socialista y de otros. A él, como a los propios damnificados, no les parece suficiente la sanción que ha recaído sobre la magistrada por la forma en la que instruyó macrocausas como la Pokemon, la Operación Carioca o el Garañón. Consideran escandaloso que se pueda ir de rositas. A su entender lo sucedido en esos y otros casos tendría que haberle costado la carrera a la controvertida magistrada. Les indigna que pueda seguir ejerciendo de ser ciertas las múltiples anomalías e irregularidades que se le atribuyen en el abultado expediente en que se sustenta la sanción que le fue impuesta.
Después de estar apartada varios meses de la judicatura y de haber perdido su plaza en Lugo por decisión del Consejo General del Poder Judicial, Pilar de Lara reapareció a finales de 2020 trabajando en un juzgado de Ponferrada para indignación de quienes se consideran sus víctimas. El órgano de gobierno de los jueces le reprocha, entre otras cosas, su forma descontrolada de investigar y de instruir, que acaparara sumarios y más sumarios, que no dictase resoluciones trascendentales en plazos razonables o que haya adoptado medidas cautelares desproporcionadas y excesivamente prolongadas en el tiempo. Un desastre como instructora, viene a decir el Consejo. En resumidas cuentas se la sanciona por su caótica forma de trabajar, que en última instancia ha convertido en papel mojado buena parte los abultados sumarios que tenía a su cargo.
Pero sus superiores, por así decirlo, no creen que De Lara haya actuado de mala fe y de forma arbitraria con el propósito de dañar a las personas involucradas en sus instrucciones y mucho menos que sus decisiones, sus omisiones o sus dilaciones respondieran a intereses espúreos o que tuvieran una intención política. El Consejo General del Poder Judicial entiende que lo suyo constituye una falta muy grave y le impone la correspondiente sanción acorde con el daño causado a los afectados por su mala praxis a la hora de instruir. La que fuera titular del juzgado de Instrucción número dos de Lugo, disconforme con que el Supremo desestimara su recurso, confía en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dé amparo y repare la injusticia de la que cree estar siendo víctima.
Lo que ya nadie parece estar dispuesto a concederle a Pilar de Lara es la presunción de que creía estar cumpliendo con su deber cuando encausó a Orozco, Besteiro o Paco Rodríguez, entre otros destacados cargos públicos
Por lo visto y oído, lo que ya nadie parece estar dispuesto a concederle a Pilar de Lara es la presunción de que creía estar cumpliendo con su deber cuando encausó a Orozco, Besteiro o Paco Rodríguez, entre otros destacados cargos públicos, al igual que hizo con empresarios, por presuntos casos de corrupción y tráfico de influencias.
Del mismo modo, que se pasa por alto que no fue únicamente responsabilidad suya que se amontonasen en su juzgado varias investigaciones de gran trascendencia política e incluso social a las que difícilmente podía hacer frente con los escasos recursos humanos y materiales de que disponía. Lo que nadie discute, sin embargo, es que De Lara estaba entregada a su trabajo en cuerpo y alma -si acaso se le puede achacar un enfermizo exceso de celo-, como está fuera de duda que acabó pagando un alto precio personal y profesional por atreverse a remover las aguas del apacible estanque que solo en apariencia era en aquel entonces la política gallega. Pero ella ya no tiene quien la defienda. Y menos en voz alta.
