La extraña huelga de los letrados judiciales se enquista. La cosa está empezando a pasar de castaño oscuro. Son ya cientos de miles los ciudadanos afectados de una u otra forma por el conflicto laboral que impide el normal funcionamiento de un servicio esencial, el que prestan los juzgados, que por ahora no parece tener visos de solución. La anomalía también está perjudicando considerablemente la actividad profesional de abogados y procuradores, así como la de quienes trabajan en sus despachos o colaboran con ellos. La paciencia se agota. Y, lo que es más grave, una reclamación salarial —que es la principal, casi única, motivación de los huelguistas— impide que la Justicia cumpla con uno de sus principales cometidos, el de garantizar la tutela judicial efectiva. Lo que está en suspenso es el derecho que permite a cualquier persona acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses.
Aunque la situación se normalizase mañana, algunos de los daños van a resultar prácticamente irreparables. Por cada mes que se prolongue el paro se estima que serán necesarios al menos otros tres para recuperar el ritmo habitual de funcionamiento de unos juzgados en su mayoría ya de suyo colapsados por la acumulación de asuntos pendientes. La cronificación de la huelga agrava los habituales retrasos en los procedimientos, alargando plazos en la celebración de juicios y en el dictado de autos y sentencias, con lo que ello comporta de injusticia para los interesados, tanto sean denunciantes como denunciados. Por si eso fuera poco, si los antiguos secretarios judiciales mantienen su actitud de aquí a principios de abril, ojo, también correría peligro el proceso electoral del 28 de mayo en el que estos profesionales de la administración de justicia juegan un papel trascendental a través de las juntas electorales.
En trances como éste no son pocos los que recuerdan cómo, allá por 2010, el entonces ministro de Fomento, el gallego José Blanco —‘Pepiño’ para muchos de sus detractores y enemigos- hizo frente a lo que entonces se consideró una huelga encubierta y salvaje de los controladores aéreos, que dejó tirados en los aeropuertos españoles a miles de viajeros, en todo caso una cifra mucho menor que la de afectados por el paro de los letrados judiciales. A juzgar por la determinación con la que actuó, militarizando el tráfico aéreo a fin de garantizar su funcionamiento para después recortar drásticamente los privilegios del colectivo profesional, se diría que Blanco tenía claro cómo y en qué momento actuar. En situaciones conflictivas, a la hora de buscar soluciones hay que tender la mano hasta donde sea razonable, eso sí, evitando que te doblen el brazo y sin que esa misma mano te tiemble cuando haya que tomar medidas drásticas en defensa del interés general (o del bien común, como se prefiera).
Los operadores judiciales no solo responsabilizan a los letrados de la administración de justicia, también al Ministerio y a sus altos cargos, que no han sido capaces, no ya de resolver, ni siquiera de encauzar el conflicto y tampoco explicaciones. La mayoría de los responsables ministeriales son miembros de la carrera judicial o profesionales del Derecho, a diferencia de lo que sucedía en el caso del ministro Blanco, lego en todas las materias a su cargo, pero dotado del olfato y la habilidad política necesarias para enfrentarse a situaciones en las que están en juego aspectos esenciales del funcionamiento ordinario del Estado o de la vida cotidiana de los ciudadanos. Para eso está la política en la que ‘Pepiño’ era un auténtico catedrático. Para resolver los problemas de verdad aplicando, además del sentido común, la sabiduría popular, esa que nos enseña que los conflictos, si no es posible evitar que enraícen, hay que resolverlos en el momento en que están maduros. Y siempre antes de que se pudran.
