LA RECALCITRANTE postura independentista del presidente de la Generalitat de Cataluña y su constante y pública provocación a la desobediencia civil e institucional, ponen de manifiesto que su desafío y ataque al Estado son tan gratuitos como impunes. Realmente, nadie puede entender que el máximo representante del Estado de una comunidad autónoma sea, precisamente, el que se dedique, permanentemente y sin reparo alguno, a atacar al Estado y a sus más importantes instituciones.
Que eso ocurra en un Estado de derecho, con división de poderes, igualdad ante la Ley, pluralismo político y alternancia en el poder es algo sorprendente e inexplicable. Se trata de un caso límite, es decir, el de un representante del Estado que se dedica a atacar al propio Estado. Con esta actitud, se produce el contrasentido de que un representante se convierta en el máximo enemigo de su representado. Y todo ello, con el apoyo y el beneplácito de un parlamento en su mayor parte adicto, servil y contrario a la unidad territorial de España.
Esa actitud de incitación pública y constante a la desobediencia civil e institucional, así como a las legítimas autoridades del Estado y a las resoluciones de los tribunales, constituye un flagrante delito que se consuma antes incluso de que los actos de desobediencia, propiamente dichos, se materialicen. La clara y sistemática provocación al delito es tan grave o más que la propia ejecución del mismo.
La anterior actitud merece una respuesta rápida y urgente, adoptando las medidas previas y cautelares necesarias para evitar que se consumen los actos que dicha incitación provoca.
Si no fuera por la gravedad de los hechos y de sus previsibles y peligrosas consecuencias, diríamos que en esa situación ni Kafka ni los esperpentos de Valle Inclán servirían para ilustrar semejantes desvaríos. Como ya dijera Jean-Paul Marat, «las revoluciones empiezan por la palabra y concluyen por la espada».
El Código Penal en su artículo 18 establece que la provocación existe «cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad o ante la concurrencia de personas, a la perpetración de un delito». La provocación no exige la participación en el hecho delictivo, pues para esto se requiere la inducción, que es una forma de participación en su realización.
En resumen, la actitud de Quim Torra no es la del que tira la piedra y esconde la mano, sino que, por el contrario, presume y alardea públicamente de hacerlo, atentando e incitando al enfrentamiento y la ilegalidad.
