NO ES aventurado afirmar que del estado de naturaleza se pasó al estado civil cuando las personas acordaron sustituir la ley de la fuerza por la fuerza de la ley.
En el estado de naturaleza prevalece la ley del más fuerte, es decir, el pez grande se come al chico y el león es el rey de la selva. Por su parte, en la sociedad y la "guerra de todos contra todos", de la que habla Hobbes, imperaba la venganza privada y se ejercía o tomaba la justicia por la mano.
Es cierto que un primer paso para la corrección de dicho estado, se produjo por la ley del Talión o del "ojo por ojo y diente por diente" del rey babilónico Hammurabi, 1750 años antes de Cristo o "el que a hierro mata a hierro muere", según el Evangelio de San Mateo. Ambas ideas responden al deseo de introducir cierta correspondencia o reciprocidad entre la agresión y el castigo.
"Lo más lamentable del proceso separatista catalán es el ridículo de Puigdemont al pedirle al presidente del Gobierno "que aclare si va a utilizar la fuerza"
Pero el imperio de la ley, propiamente dicho, se impone cuando la humanidad reconoce que nadie es buen juez en causa propia y que nadie debe ser, a la vez, juez y parte, reconociendo al Estado el monopolio de la fuerza.
Así nace el Estado de Derecho del que disfrutan las democracias representativas y parlamentarias, en las sociedades abiertas y pluralistas de la actualidad. De acuerdo con lo expuesto, solo la ley legitima el uso de la fuerza y solo se legitima el uso de la fuerza por el respaldo de la ley.
Las anteriores consideraciones son de perfecta aplicación al desafío al Estado por parte de la Generalitat de Cataluña, pretendiendo su separación e independencia unilateral del resto de España.
En este sentido, merecen recordarse las frases tan repetidas por el gobierno de la nación de que se hará frente a dicho intento secesionista "con la ley, solo con la ley; pero con toda la ley". Precisamente, la concepción democrática de la ley fue definida por los juristas romanos como "lo que el pueblo manda y constituye".
Si defender la legalidad es un principio inexcusable de todo gobierno y, al propio tiempo, de toda sociedad democrática en la que la soberanía reside en el pueblo, anunciar que se va a cumplir la ley es decir algo tan obvio como inexcusable y obligado.
Pero lo más lamentable de ese proceso separatista es el ridículo en el que incurre el Presidente de la Generalitat de Cataluña al pedirle al Presidente del Gobierno "que aclare si va a utilizar la fuerza".
Semejante pregunta solo tiene la respuesta que la actitud y la conducta del presidente de la Generalitat y su gobierno provoquen. Hasta donde llegue su desafío y el de su gobierno, será necesaria la justa correspondencia de la reacción oficial del Estado.
En resumen, utilizar la fuerza no depende del que la use sino del que dé lugar a que se use.
