La ecuación con que se resuelve la fragmentación del Parlamento en España siempre aporta una constante: la negativa del PP a apoyar al Gobierno. Ahora con la reforma laboral; en diciembre, un ejemplo más, cuando la obsesión por retrasar ¡una semana! la aprobación de los Presupuestos del Estado, llevó al PP a respaldar una enmienda de los nacionalistas valencianos para promocionar económicamente las lenguas minoritarias. ¡Como lo oyen!
La consigna es ni un paso atrás. Han llegado a tomar un rumbo de colisión con los empresarios —que no parecen supeditarse a la estrategia de la confrontación— y no digamos con los sindicatos, a los que se ha venido a acusar, sin muchos paños calientes, de vendidos. La capacidad para ganarse enemigos de Casado es indudable. La de llegar a acuerdos aún permanece inédita.
Al PP cualquier compañía le vale si sirve para infligir un posible daño a quien intenta derribar. ¿Dónde queda el interés de los ciudadanos?
En el pecado va la penitencia, suele decirse. La coalición negativa a la reforma laboral ha unido en un mismo voto a formaciones muy distintas, entre otros, además del PP y Vox, Esquerra Republicana, el PNV, el nacionalismo que sigue a Puigdemont, el nacionalismo gallego y, ¡pásmense! Bildu. Algunos de ellos son los grupos con los que el Gobierno suele acordar sus reformas, por ejemplo la subida de las pensiones, objeto de las descalificaciones más arrebatadas de la derecha y de su socio extremista.
¿Es lícito? No lo pongo en duda. La coherencia ya es harina de otro costal. Que cada cual saque sus conclusiones. La mía es que al PP cualquier compañía le vale si sirve para infligir un posible daño a quien intenta derribar. ¿Dónde queda el interés de los ciudadanos?
