20 DE OCTUBRE. Ocho años atrás, la declaración de Eta sobre el cese definitivo de su actividad armada. Fin del terrorismo etarra. España se sacudía una atadura repleta de dolor personal y riesgos para la estabilidad democrática sin, a cambio, una sola concesión a los terroristas. El triunfo de la democracia sobre el crimen tardó en llegar pero, cuando lo hizo, fue inapelable. Y, no obstante, podría decirse que no hemos sido capaces de incorporar como un rasgo distintivo de nuestra identidad como país esta gesta de la sociedad española.
Tiendo a percibir cada vez con más nitidez una dualidad que define a España: una innegable cualidad para superar las pruebas más difíciles (véase nuestra transición a la democracia) aún sin llegar a interiorizarlas como nos merecemos y una cierta tendencia para que a los éxitos les sucedan las frustraciones. La continuidad, o llamémosle estabilidad, se nos hace cuesta arriba sin saber muy bien la razón de esta frustración.
Tomemos el presente. La superación del bipartidismo de tres décadas (que era imperfecto porque nunca fueron dos en exclusiva) anunciada hasta con alborozo por quienes tienen como oficio proclamar un futuro repleto de certezas que casi nunca acaban por confirmarse. A estas alturas, y con una mochila ya de 5 años, nadie podría dudar que la gestión del estrenado multipartidismo no ha sido un éxito y que la contribución de las fuerzas políticas emergentes a la gobernabilidad es, voy a ser correcto, más que cuestionable. El resultante da bloqueo. Es decir, incertidumbre política e importante parálisis de las administraciones.
Y, sin embargo, los desafíos y problemas –que los hay, no son conceptos vacíos– de la sociedad española son enormes y permanecen intactos. Por donde me muevo a lo largo y ancho de la provincia de Lugo no dejo de encontrarme alcaldes, concejales, diputados provinciales y ciudadanos sin responsabilidades pero muy comprometidos que tienen diagnósticos e ideas para abordar el despoblamiento y los acuciantes problemas del mundo rural, la transición industrial en una era de deslocalización abusiva, las insuficiencias del modelo social, las comunicaciones… es decir, hay energía social para comprender y afrontar asuntos tan importantes para el futuro y, sin embargo, la respuesta política es: retraso institucional para abordarlos.
Tengámoslo claro. Vivimos un parteaguas de la historia, no en un periodo de estabilidad local o global. Si España quiere salir adelante en una posición de referencia,la agenda política no podrá ceñirse a la mera gestión diaria o a encontrar soluciones solo para ir tirando porque de las decisiones que se tomen en este tiempo dependerá el futuro de muchos sectores productivos y, entre otras muchas cosas, de la inserción en el mercado laboral de la próxima década de millones de personas.
Por eso hasta sorprende la cortedad de miras con la que a diario se están planteando debates centrales para Galicia y España. Tomo por ejemplo el industrial con su indisociable vinculación al energético. Todos sabemos lo que hay en juego y las circunstancias en las que nos movemos y sin embargo hay quien se empeña, y lo más grave es que es desde la Administración autonómica, en hacer de este asunto un rehén de la política de confrontación preelectoral. Como si fuese posible ignorar con una simple declaración de voluntad las condiciones de los mercados mundiales, nuestras carencias y desequilibrios o la naturaleza transnacional de ciertas empresas.
Hay otras decisiones (y, por tanto, debates) que necesariamente son de calado tras unos años en los que Galicia ha perdido población, peso de distintos sectores productivos, pujanza del sector agrícola, apoyo a las universidades, extensión y calidad de los servicios sociales. Debates que nos deben situar en el modelo productivo y social que queremos en el medio plazoy a los que no podemos rehuir acudiendo a la frase fácil, a las decisiones cortoplacistas o a la creación de imaginarios políticos, pura virtualidad, para presentar balances que nada tienen que ver con la realidad de nuestra tierra. Lo más grave que nos podría suceder es que la política electoralista tienda a incorporarse como un rasgo permanente, más allá de los periodos de elecciones, en el debate público y muy acusadamente en el comportamiento de algunas administraciones. Lo observo con claridad en el ámbito de Galicia donde el Gobierno de la Xunta acaba por vaciar de contenido al partido que sostiene, dedicando buena parte de su actividad a hacer política de partido.
Y mientras se dice lo que no hay o se prima la confrontación, Galicia pierde 16 puestos en cuanto a nivel de competitividad en las regiones de la UE. Sirva este dato a modo de blanco y negro entre el discurso oficial y la vida real.
No soy ingenuo; la política de los partidos vive en las instituciones –y no es en sí negativo– pero no debe acaparar o someter la toma de decisiones de las instituciones por razones que no sean las del interés público. Mal servicio se está prestando de este modo a la comunidad.
Lo primero, hacer que las instituciones funcionen. Es decir, que haya Gobierno y cuanto antes para superar el estancamiento. Pero no cualquier gobierno. No soy de quienes creen que un mal acuerdo es siempre preferible a la falta de acuerdo. Muy al contrario, estoy convencido de que lo peor que se hubiera podido ofrecer al país tras los pasados comicios es una solución inadecuada (por forzada) para salir del paso y condenada a consumirse a la primera de cambio.
Las próximas elecciones sitúan a la ciudadanía ante un debate ideológico –cierto que en buena parte sustanciado hace 6 meses cuando la ciudadanía mostró su preferencia progresista– y ante una cuestión central para las democracias como es la que afecta a la gobernabilidad. Esto es, a su capacidad para producir bloqueo o Gobierno. Ese es el dilema y, sobre todo por eso, son cruciales.
