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Las contratas, en cintura

HUBO UN TIEMPO en que un funcionario municipal recorría la ciudad periódicamente para comprobar cómo la empresa de limpieza llevaba a cabo su trabajo. Tomaba nota de aquellas esquinas a las que el barrendero no llegaba, de la papelera que aparecía rota o del contenedor que pedía un buen chorro de agua y hacía las indicaciones correspondientes a la empresa. Lo normal en una administración que mira por su dinero -Urbaser tiene uno de los contratos más grandes del Concello- y por la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. Lo atípico en el Ayuntamiento de Lugo desde hace años. Esa labor ya no parece hacerla nadie y seguramente es una de las razones por las que el estado de limpieza de la ciudad ha empeorado.

La limpieza es el ejemplo más visible, pero sucede lo mismo con prácticamente todos los servicios externalizados que tiene el Concello de Lugo. Que son muchos. El PP recuerda cada vez que tiene ocasión que cuando en 1999 fue desalojado del gobierno local había trece empresas trabajando para el Ayuntamiento y que hoy son más de treinta. No cuenta, claro, que la ciudad ha crecido y que los servicios que presta la administración local se han multiplicado. Entonces solo había una guardería, hoy hay cuatro, por poner solo un ejemplo. Es, precisamente, el ejemplo que utilizó la Xunta de Feijóo hace unos años -cuando el Concello pedía más colaboración- para decir que a lo mejor la administración local no debería prestar servicios que no pudiera pagar íntegramente. El problema es que, si no lo ofrecía el Concello, en vez de los casi 300 niños que se quedaron sin plaza este año habrían sido casi el doble, porque la ciudad creció y el número de escuelas infantiles de la Xunta sigue siendo el mismo. Dos. Y seguramente nadie discute que hoy en día, tal como están planteadas las vidas familiares y laborales de la mayoría de los ciudadanos, las guarderías son servicios esenciales.

Más discutible puede ser la externalización de otros servicios, el uso que de esas empresas se hace en ocasiones para dar empleo a afines o el excesivo recurso a la contratación externa, porque la limitación a la ampliación de plantillas públicas del Gobierno central fue impuesta en 2012. Hasta esa fecha, nada lo impedía, por lo que ese pudo haber sido el camino a seguir en algunos casos. El recurso a empresas no siempre se ha demostrado más efectivo, sobre todo en términos de coste-eficiencia, y la plantilla del Concello de Lugo no parece sobredimensionada. Son unos 700 trabajadores para una ciudad de casi 100.000 habitantes. Es posible que algún servicio esté sobredotado, o mal aprovechado, más bien, pero otros van muy justos y parece lógico que algunos fueran prestados con personal propio. La información telefónica, el control de las cámaras de tráfico o la recaudación ejecutiva podrían ser algunos ejemplos, por sus características y por los datos que manejan.

Es cierto que el recurso a empresas ayuda a mover la economía de la ciudad y que algunas experiencias de privatización han resultado muy positivas. El caso más claro es el cuidado de los jardines, externalizado, curiosamente, por un concejal del BNG, formación que lleva años reclamando la recuperación de la gestión pública de servicios.

La cuestión es si esa eficiencia no sería posible con un adecuado control de las plantillas municipales. Tampoco vale el argumento de que los funcionarios tienen horarios rígidos e inamovibles. No hace falta citar servicios que funcionan las 24 horas con trabajadores públicos. A lo mejor llegaría con hacer algún ajuste en la normativa de contratación.

Futuro. Pero como de momento no hay señales de que eso vaya a suceder, lo que urge, desde hace mucho tiempo, es un adecuado control de los servicios contratados. El poco tiempo que la alcaldesa lleva al frente de la ciudad parece haberle bastado para darse cuenta de que es un campo donde hay mucho margen de mejora. La ley establece que cada contrato debe tener un responsable, que vele por el cumplimiento, por la correcta ejecución del servicio, la atención a reclamaciones y, cuando sea necesario, abra expediente. Pero el gobierno se ha encontrado con que hay funcionarios que están al cargo de varios macrocontratos y de que, en general, es una figura que no está funcionando como debería. «Somos conscientes de que é necesario un maior control e de cara ao ano que vén reforzarase a figura do responsable de contrato, tanto a nivel de funcións como de medios», explica el equipo de Lara Méndez.

Hace unos días fue CC.OO. quien denunció que las empresas que se ocupan de las labores de cocina y comedor de algunas guarderías municipales no cumplen el contrato en todos sus puntos y que eso provoca que las cuidadoras tengan que hacer funciones que no les son propias. El gobierno admitió algún desajuste que prevé corregir a principios de año, fecha en que la Xunta debe haber dicho ya si le cede definitivamente las competencias de asistencia a niños de 0 a 3 años a los concellos o se queda con ellas.

No es, con mucho, ni lo más grave que ha sucedido en los últimos años con empresas privadas. El Concello llegó a elaborar un manual de buenas prácticas para intentar frenar las denuncias de trabajadores de empresas, que conllevaron que la administración local tuviera que meter en plantilla a varias de esas personas.

En el centro de día Antonio Gandoy hubo algún trabajador sin la formación laboral requerida, que acabaría disparándose accidentalmente en un pie, lo que dio lugar a una comisión de investigación a petición del PP donde se evidenciaron contradiciones sobre la celebración de reuniones de coordinación entre empresa y Concello, la elaboración de memorias anuales de funcionamiento y el desglose de facturas de los servicios prestados a cada usuario, entre otros aspectos. Una inspección realizada por la Consellería de Traballo e Benestar al área de servicios sociales en 2013 dio como resultado la detección de varias irregularidades en la prestación del servicio de ayuda a domicilio. En una de las ociotecas, este verano se escapó un niño y la forma en que reaccionó el personal quedó en entredicho, como el cumplimiento en ocasiones del contrato de la empresa de limpieza, por ejemplo en lo que compete a los sumideros. La gestión del personal de la empresa que lleva la piscina de Frigsa también ha dado lugar a denuncias sindicales. Y la lista podría seguir. Méndez parece dispuesta a tomar medidas. Si lo hace, no hay duda de que los resultados se notarán.

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