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La soledad de la alcaldesa

LOS PASILLOS y las oficinas del Concello de Lugo están raros estos días, ya no solo por la falta de Orozco, parándose a bromear con el personal del BNG de camino al baño o subiendo y bajando escaleras de camino o al regreso de un acto. Apenas hay asesores -el gobierno contrató de urgencia a tres personas de confianza para empezar a funcionar, los nuevos grupos aún no tienen y el personal del BNG y el PP ha cesado, aunque sigue echando una mano- y entre los funcionarios hay una mezcla de calma chicha y, entre algunos, cierta sensación de orfandad. Hace mucho que no había un cambio político de este calibre y, a diferencia de otras veces, no se han nombrado concejales interinos, por lo que algunos trabajadores no tienen muy claro a quién dirigirse. No están funcionando tampoco los órganos de contratación y en algunos servicios, como Padrón, hubo algún pequeño desajuste esta semana. Algunos ciudadanos tardaron un poco más de lo normal en obtener los certificados porque al no haber delegación de competencias y firma, todos los documentos tienen que pasar por la alcaldesa y por la vicesecretaria, que es la funcionaria de apoyo al gobierno.

La situación que se vive en el Concello es relativamente normal debido al momento en que se encuentra, pendiente del pleno de organización. «Lo que sucede es que la gente no está acostumbrada a esta situación. Lleva 16 años funcionando de la misma manera, los trabajadores no tienen un concejal de referencia al que dirigirse...», explica alguien de la casa. El Concello ha pasado de funcionar con un decreto de delegación de competencias y firmas a hacerlo con la ley básica. La ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local da competencias a tres órganos -el alcalde, la junta de gobierno y el pleno- y es con esta estructura con la que está funcionando. La alcaldesa tiene una función de representación y dirección política, mientras que las competencias ejecutivas son de la junta de gobierno. Lo único que se ha delegado en la alcaldesa ha sido el área económica, para no retrasar pagos y cobros.

Gobernar con ocho concejales y diecisiete enfrente y sin la Diputación intimidaría a cualquiera

Pero una cosa es que el Concello esté funcionando de forma distinta y más lenta, por las circunstancias en que se encuentra, donde por lógica no se están tomando decisiones de calado, y otra que la maquinaria administrativa esté parada. Por esa falta de delegación, los jefes de servicio no pueden firmar notificaciones, pero sí pueden tramitar expedientes.

No obstante, la situación preocupa a todo el mundo, desde a la alcaldesa y a sus concejales, al resto de grupos políticos, los trabajadores y los ciudadanos, porque las negociaciones para la conformación del gobierno y la celebración del pleno de organización van muy lentas. El hecho de que estén siendo vía telefónica ya dice mucho. El PSOE y Lugonovo estaban esperando la decisión del BNG y cuando este anunció que no entraría en el gobierno, las cosas se torcieron un poco. No es lo mismo conformar un equipo mayoritario que seguir en minoría frente al resto de la corporación.

Con todo, el interés de gran parte de ambas formaciones de llegar a un acuerdo es clara, por eso llama la atención que unos y otros se estén haciendo los remolones. El PSOE alegó a principios de semana que aún no había recibido de Lugonovo la propuesta de reducción del gasto político, pero es conocida por todo el mundo desde antes de las elecciones: el 50%, y a partir de ahí, negociación. Aunque a estas alturas, algunos sectores de Lugonovo empiezan a sospechar que se les fue la mano con la exigencia. Seguramente es posible hacer política con menos dinero, pero quien conozca un poco la administración local sabe que el margen de ahorro puede ser mucho mayor en otros conceptos, con independencia de que el gasto político se pueda y se deba ajustar. Cada grupo municipal recibe de las arcas municipales 3.900 euros al mes, más 800 euros por concejal, con el detalle no menor de que el 70% puede gastarse sin justificación, con una declaración responsable del portavoz. Y a esa cifra hay que añadir las nóminas de los políticos y del personal de confianza. Quizás de forma injusta, a estos últimos se les ha convertido en cabeza de turco, cuando muchas veces son ellos quienes sacan adelante el trabajo que deberían hacer los políticos. La pregunta es si esto no debería corregirse y si, en todo caso, esos trabajadores no deberían pagarlos los partidos.

Para Lugonovo, la entrada en el gobierno tiene ventajas e inconvenientes. Para el PSOE, seguramente solo lo primero. La nueva formación intentará seguir llevando a los socialistas a su terreno -y más después del tanto que se anotaron con la renuncia de Orozco y con la ventaja que da una alcaldesa sin experiencia- pero gobernar con 8 concejales y 17 enfrente no parece una opción mejor. Ocho ediles hasta tendrían dificultades para asumir la gestión municipal y aunque Lugonovo se estrenó guillotinando, en sus filas hay gente que reconoce el sacrificio del PSOE y que está dispuesta a sumar. Aunque para llegar a ese punto hará falta cierto control de la asamblea de Lugonovo, órgano que debe autorizar la entrada en el gobierno y en el que hay un sector muy reacio. Lo integra sobre todo gente de Podemos, cuyo afán es que la formación llegue impoluta a las generales.

Si no hay acuerdo, Méndez corre el riesgo de permanecer cuatro años en una incómoda soledad, con un equipo con varios novatos y con perfiles a priori poco ajustados a la materia municipal y en el que falta por saber si se mantendrá el defenestrado Juan Carlos González Santín. Y, palabras mayores, sin la protectora Diputación, al menos de momento.

Artículo publicado en la edición impresa de El Progreso del 28 de junio de 2015

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