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Francisco Franco, 10 de junio

COMO ES sabido, la decisión del Ejecutivo responde a un mandato parlamentario derivado de la Ley de Memoria Histórica. Que los restos de Franco no podían seguir en lugar de pública exaltación junto a los de unas treinta mil víctimas de la guerra provocada por el fallido golpe de Estado que el propio Franco coprotagonizó en julio de 1936. También apela Moncloa a una resolución del Parlamento Europeo que compromete a los gobiernos contra cualquier forma de enaltecimiento del fascismo.

Como los malos jugadores de ajedrez, Sánchez movió pieza sin haber pensado los dos o tres siguientes movimientos según la respuesta del adversario. Decidió la exhumación por decreto-ley sin haber pensado en la re-inhumación. Y el asunto se enredó tras el viaje vaticano de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Ahora se parece más a una comedia que a un drama, sin olvidar las pegas del prior benedictino del Valle de los Caídos, Santiago Cantera. Moncloa le acusa de obstruccionismo y rastrea su pasado falangista las causas de su negativa a permitir la exhumación sin expresa autorización familiar.

Cantera es un digno sucesor del primer prior de la basílica, fray Justo Pérez de Urbel, mitad monje y mitad soldado falangista, adalid de aquel nacional-catolicismo que paseó a Franco bajo palio y autor facial de un libro sobre los mártires de la guerra civil cuyas biografías se inventó en sus horas libres el gran Carlos Luís Álvarez (‘Cándido’).

Francisco Franco, 10 de junio
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