Opinión

El grito del campo

Ya veremos si las protestas de estos días, tanto en España como en otros países de Europa, determinan un cambio del paradigma de la UE

El campo español grita, llora, patalea, convoca marchas ruidosas y corta las carreteras (600 cortes de ocho comunidades autónomas) para llamar la atención y conseguir que, de una vez por todas, le hagan caso. El órdago tiene la comprensión de la gente, pero eso puede cambiar si van a más los trastornos al conjunto de la ciudanía y los brotes de violencia: 20 detenidos, un guardia civil herido, 4.300 multas, etc.

Los choques con las fuerzas del orden y el riesgo de desabastecimiento por los cortes de carreteras dañan la causa del campo incomprendido pero subvencionado. Con el aliento contenido ante un fin de semana («Se va a armar muy gorda», dicen los promotores) que anuncia irrupción televisada en los premios Goya (Valladolid, noche del sábado) y asalto de los tractores a la capital de España.

Pero las causas de la protesta siguen ahí. Demasiadas bolas de hierro en los tobillos del campesino: descarbonización, estricta normativa sanitaria, bajísimos precios del producto por competencia de las importaciones, progresivo vaciamiento de servicios públicos en despobladas zonas rurales, etc. Y de ahí sus reclamaciones de precios justos, más control de las importaciones que juegan con ventaja, menos burocracia en el acceso a las ayudas europeas, más solidaridad con las gentes del campo y menos "dogmatismo medioambiental".

En esta ocasión, resalta la dimensión política de las tractoradas. Véase como se multiplican las señales de alarma por el riesgo de dar alas a la ultraderecha negacionista en lo climático y eurófoba en ideológico. Se entiende. Primero, por el poder desestabilizador del grito generalizado en el sector primario. Estamos hablando de la despensa de las confortables zonas urbanas del país. Y segundo, por la proximidad de las elecciones gallegas, a escala nacional (un tercio del electorado vive en las zonas rurales), y las europeas de junio a escala internacional.

Por tanto, no sorprende que la presidenta de la CE y el presidente del Gobierno español descubran al mismo tiempo la necesidad de suavizar la normativa sobre el uso de pesticidas, en el caso de Von der Leyen, o la necesidad de reforzar la ley de la cadena alimentaria para no vender a pérdidas, en el caso de Pedro Sánchez, que también promete simplificar la burocracia para acceder a las ayudas europeas.

Ya veremos si las protestas de estos días, tanto en España como en otros países de Europa, determinan un cambio del paradigma de la Unión Europea que, si me permiten el reduccionismo, consiste en canjear sostenibilidad ambiental por subvenciones económicas. Lo malo de esa ecuación es que favorece a las grandes explotaciones (pensemos en la industria agroalimentaria), que ponen abogados y economistas donde los campesinos tradicionales ponen trabajo de sol a sol en zonas donde ni siquiera ha llegado el wifi.

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