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Buenas noticias

En la sesión parlamentaria del jueves quedó finalmente convalidado (265 votos a favor, 77 en contra y 5 abstenciones) el decreto ley de la llamada nueva normalidad, que finalmente se tramitará como proyecto de ley por exigencia del PP. Buena noticia: el amplísimo bloque de apoyo incluye a las fuerzas políticas comprometidas con la Constitución y excluye las desafectas al vigente orden institucional.

La nueva pauta sanitaria para la reconstrucción sale adelante con la complicidad del PP, principal partido de la oposición y hasta ahora muy reticente con todas las iniciativas del Gobierno. Segunda buena noticia. Y la tercera es la inteligente intervención del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en defensa del decreto, adherido a la doctrina Robles (Margarita) según la cual los aciertos son colectivos y los errores "solo míos". Me parece que, al igual que el doctor Simón, el ministro se ha hecho acreedor a un justo desagravio.

Para la celebración de la opinión pública no sectarizada, la que ha venido reclamando con insistencia el acuerdo de las fuerzas políticas contra el enemigo común y el fin de la bronca, queda un relevante hecho de fondo: por fin los dos pilares de la centralidad, el PSOE y el PP, el izquierdo y el derecho, vuelven a ponerse de acuerdo en una decisión clave para acabar con el Covid-19 y afrontar la reconstrucción.

Salimos del estado de alarma, pero sobran motivos de inquietud ante la España que viene: económicamente enferma, socialmente explosiva, políticamente inestable y sanitariamente amenazada por un contraataque del coronavirus. Un miedo alimentado por las desalentadoras cifras de paro y pobreza que se prevé, el desplome de los ingresos fiscales del Estado, el hundimiento del PIB y los insoportables niveles de deuda pública.

Ante ese panorama, el PP no podía lavarse las manos sin sumarse al empeño oficial de parar los golpes que se avecinan. Y es lo que ha hecho, después de una ejemplar negociación entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la exministra Ana Pastor (PP).

No parece que al PP le mueva el menor interés por apuntalar al Gobierno de Sánchez. Puede que las razones sean otras y estén más vinculadas a sus responsabilidades en los gobiernos autonómicos de media España, que en definitiva son los llamados a gestionar las previsiones normativas del decreto ley (reglas de prevención, planes de contingencia ante posibles rebrotes, refuerzo del sistema sanitario, etc).

Da lo mismo. El resultado es que recoge un clamor de la ciudadanía. Perfectamente expresado en los reiterados llamamientos del empresariado, en nombre de la estabilidad institucional y la seguridad jurídica que necesitan para la reactivación del sistema productivo.
 

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