La decisión de Correos de excluir de su servicio postal universal el reparto de periódicos genera gran controversia y la queja generalizada por parte de los editores representados en la Asociación de Medios Informativos (Ami), que denuncian una «flagrante discriminación» de los ciudadanos que tienen derecho a la información —si cabe con mayor motivo en plena emergencia sanitaria— y no pueden acceder a puntos de venta por distintos motivos. Si la prensa es un bien esencial, como se ha puesto de manifiesto, lo normal sería garantizar su distribución. Lo contrario es ir contra el espíritu del decreto que regula el estado de alarma, que defiende que los quioscos abran por su «carácter de servicio público». ¿Qué sentido tiene que los periodistas tengan libertad total de movimientos para informar si al final el resultado de su trabajo no puede llegar a muchos lectores?
Otra afrenta a la España vacía
La dispersión de la población tan característica de una provincia como Lugo hace que mucha gente no tenga fácil acudir a los puntos de venta de prensa. Es algo que deberían saber nuestros gobernantes, a los que luego se les llena la boca hablando de poner fin a la discriminación de la España vacía.
