La Xunta recuerda que la orden de demolición de la vivienda irregular de Ombreiro es "firme"

La Consellería de Medio Ambiente precisa que los propietarios de la vivienda eran "perfectamente conocedores" del procedimiento, toda vez que "recibieron algunas de las notificaciones que se realizaron en estos años"

La orden para proceder a la demolición de una casa en la parroquia de Ombreiro, en el municipio de Lugo,  es "firme" tanto por vía administrativa como judicial, informaron este lunes fuentes de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.


Los juzgados "ratificaron" las resoluciones de la Agencia de protección de la legalidad urbanística, dependiente de la Xunta, "en varias ocasiones", precisaron las fuentes.

Subrayaron que el procedimiento, iniciado en 2004 tras una denuncia del Ayuntamiento de Lugo, tiene la finalidad de "restaurar el ordenamiento urbanístico".

Según el citado departamento de la Xunta, el expediente está a nombre de Raquel Núñez Roibás y no de sus dos hijos, que son los propietarios de la vivienda afectada, porque era "la promotora de las obras".

Agregaron que "así fue identificada por la Policía Local de Lugo en 2003", aunque "tanto la vivienda como el terreno" aún siguen registrados a nombre del padre, fallecido en 2006.

Los trámites administrativos fueron efectuados "con la madre como interesada, sin que en ningún momento" la mujer alegase "falta de legitimidad", añadieron.

Además, la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio precisa que "los interesados son perfectamente conocedores de este procedimiento", dado que "en alguna ocasión fueron los hijos los que recibieron algunas de las notificaciones que se realizaron en estos años".

"Concretamente, figuran en el expediente hasta ocho acuses de recibo de notificaciones firmados por la hija de la interesada", incluso "la última, la de la notificación de la ejecución subsidiaria", puntualizaron.

En cuanto a la cronología, las fuentes de la Consellería indicaron que en 2005 constataron que las obras eran "ilegalizables" por lo que las autoridades ordenaron al titular la demolición.

En 2008 la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestimó el recurso interpuesto contra esta orden, en una sentencia que fue declarada firme en 2009.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo dictó el pasado 12 de noviembre un auto que rechaza el incidente de nulidad planteado por los propietarios para evitar la demolición.

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