Pilar de Lara imputa a Besteiro y Orozco en el caso del Garañón

El secretario del PSOE gallego y el anterior alcalde de Lugo declararán el 30 de julio, investigados por delitos como prevaricación, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio. Al líder socialista también se le atribuye cohecho
Gómez Besteiro y López Orozco, presentando el PXOM en un desayuno informativo celebrado 19 días después de la luego polémica junta de gobierno de O Garañón
photo_camera Gómez Besteiro y López Orozco, presentando el PXOM en un desayuno informativo celebrado 19 días después de la luego polémica junta de gobierno de O Garañón

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara,  ha llamado a declarar como imputados en el conocido como caso Garañón al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y al anterior alcalde de Lugo, José López Orozco. Ambos fueron citados para el próximo día 30 de julio, dos días después de que declaren también como imputados dos técnicos municipales.

La jueza investiga posibles delitos contra la ordenación del territorio en la concesión de licencias para urbanizar la finca ubicada junto al parque Rosalía de Castro.

Gómez Besteiro era en aquel momento (diciembre de 2005) concejal de urbanismo de Lugo, en el gobierno que presidía José López Orozco.

Según especificaron fuentes del Tribunal Superior de Galicia, a Gómez Besteiro se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio. A López Orozco se le atribuyen los mismos delitos, excepto el de cohecho.

En el auto al que los medios informativos han tenido acceso, la jueza instructora establece una posible relación entre la compra del piso en el que vive en Lugo el secretario general de los socialistas gallegos y el convenio urbanístico que facilitó la ordenación de la finca de O Garañón. El piso, en la Avenida de Ramón Ferreiro, fue escriturado el 31 de mayo de 2005. Era propiedad de Construcciones J. A. Díaz, también dueña de la finca de O Garañón.

El convenio urbanístico para las torres, paralizadas desde 2010, recibió luz verde el sábado 31 de diciembre de 2005.

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