La falta de medios y el lío competencial limitan el apoyo a las víctimas de violencia de género
GALICIA SE lamentaba esta semana de la trágica muerte de Virginia Ferradás, una vecina de O Carballiño asesinada presuntamente por su marido, José Alén. Las primeras informaciones apuntaban a que se trataba de la primera víctima gallega por violencia machista en 2017 y, como es lógico, no se hizo esperar la movilización social que se activa cada vez que esta lacra hace acto de presencia. Sin embargo, una vez se conocieron más detalles sobre los problemas mentales del presunto asesino, a quien se le había diagnosticado una demencia, y sobre la ayuda que había solicitado Virginia a los servicios sociales del Concello de O Carballiño y que estaba «en trámite», según una concejala, surge la duda sobre si una adecuada y rápida actuación en la atención sanitaria y social hubiese evitado esta muerte.
Lugo, que presume de ser uno de los municipios de España con más gasto social y donde el gobierno local calcula que este capítulo se llevó 8,7 millones en el último presupuesto, también acumula problemas a la hora de prestar con urgencia la atención a quienes demandan ayuda, o al menos eso es lo que se denuncia periódicamente desde la oposición. Aun así, en la Casa da Muller, por ejemplo, se invirtieron 4,4 millones de euros desde 2009, según los datos del ejecutivo socialista, aunque su labor llegó a ser puesta en cuestión el pasado año tras el asesinato en Becerreá a manos de su pareja de Ana Gómez, quien había acudido a este centro del Concello de Lugo a pedir ayuda pero que, según su hermana, nadie allí se implicó, como tampoco dice que lo hicieron en los servicios sociales de la Xunta.
La falta de medios y el lío competencial limitan el apoyo a las víctimas de violencia de género
Según la estadística aportada durante una reciente visita institucional, la Casa da Muller atendió en 2016 unas 5.000 consultas, de las que el 38% estaban relacionadas con casos de violencia de género, por lo que la propia alcaldesa, Lara Méndez, apostó por no recortar fondos en este tipo de asistencia. Y aunque este centro en cuestión, con nueve profesionales en nómina, podría dar la impresión de que tiene personal suficiente para atender las consultas demandadas, la complejidad de algunos casos y el hecho de que también acudan allí mujeres de otros municipios bien podría justificar un refuerzo de personal y medios, así como la ampliación de los pisos de acogida a maltratadas. Pero teniendo en cuenta que el Concello está asumiendo una competencia impropia y su presupuesto en este área es limitado, lo más probable es que este servicio municipal siga funcionando con lo que tiene.
Puede que la Casa da Muller y otros centros de este tipo que se han impulsado por toda Galicia hayan servido para evitar casos y hasta muertes por violencia machista, aunque quizá sería necesario potenciar una atención personalizada a las demandantes de ayuda para dar con más urgencia las respuestas que piden todas las Virginias y Anas que buscan amparo en los servicios sociales, ya sean municipales, autonómicos o estatales. Porque la desesperación no entiende de competencias.
Lugo tendrá la deseada -al menos por los funcionarios- nueva comisaría de Policía Nacional. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió ante Núñez Feijóo a impulsar el proyecto en los terrenos del antiguo Xeral, aunque nadie fijó aún plazos ni señaló cuál de los viejos edificios podría ser reutilizado. Eso sí, algunos populares ven en la noticia una forma de recuperar el electorado perdido en A Residencia.
La concejala del PP Ana López Pombo arremetió contra las propuestas de C's y Lugonovo de implantar una tasa anual por tenencia de perro o de crear un registro con el ADN de los canes que pueda servir para investigar a quienes no recogen de la calle las heces de sus mascotas. La edil prefiere atajar el problema con más vigilancia y multas de la Policía Local, aunque no aclara si lo que pide es crear una patrulla canina.
La Diputación anunció esta semana un profundo cambio en la administración de los huertos urbanos del Rato, todo un fenómeno en la ciudad que ha provocado que en la actualidad haya una lista de espera de unas 80 personas. El ente provincial tomará el mando tras haber dejado en manos de la federación vecinal estos espacios y prepara un reglamento de adjudicación y mantenimiento del que adolecía.
