APENAS ACABÓ de presentar la alcaldesa Lara Méndez el proyecto de presupuestos para 2018, los portavoces de la oposición comenzaron a advertir de que tanto la previsión de ingresos como las partidas inversoras eran demasiado ambiciosas, dando a entender que el gobierno local trató de hacer las cuentas de la lechera para plantarse en 2019 con un balance de actuaciones bien diferente al que caracterizó los últimos ejercicios municipales.
Las críticas de la oposición tienen además como base un informe del interventor en el que alerta de que hay previsiones de incremento de ingresos o de transferencias de administraciones como la Xunta que no está muy claro que se vayan a registrar. Así, aparecen aumentos significativos en la recaudación por la plusvalía, el Ibi rústico, las licencias de obra o los vados. Además, advierte de que no está nada claro que la administración autonómica vaya a aportar 700.000 euros para saneamiento rural, cuando nadie negoció esa inversón con el Gobierno gallego.
Sin embargo, lo que más llama la atención de los grupos opositores es el gran volumen inversor del presupuesto después de años de incapacidad del Concello para acometer las inversiones que figuraban en el papel y que allí continúan todavía, como la biblioteca de A Piringalla, la playa fluvial, el ascensor del Sagrado Corazón o la reforma de calles y pistas rurales, que ahora figuran en millonarias partidas genéricas que disimulan los proyecto atascados.
Y es que como lo probable es que el presupuesto acabe siendo aprobado después de la cuestión de confianza a la alcaldesa, el gobierno local no tendrá disponibilidad financiera como mínimo hasta febrero. A partir de ahí, deberá que intentar sacar adelante los proyectos, en unos casos a través de concursos públicos que pueden dilatarse y en otros con imprevistos como el que apareció en el proyecto para desdoblar la Avenida Infanta Elena, donde todavía no se ha podido localizar a los propietarios de algunas fincas que es necesario ocupar.
Después están los millonarios proyectos del plan Muramiñae, cuya redacción ya fue contratada a la empresa Inca, pero que en al menos dos de ellos, la pasarela de la NVI y la conexión de esta vía con A Volta da Viña, será necesario consensuar las obras con el Ministerio de Fomento, titular de la carretera. Y teniendo en cuenta la buena relación entre ambas instituciones, el gobierno local se arriesga a que surjan peros a estas actuaciones.
Y en caso de que no se lleguen a ejecutar las inversiones de 2018, cifradas en 15,5 millones, el remanente de tesorería seguirá engordando las cuentas corrientes municipales, ahora que la deuda con los bancos ya es cero. En el último ejercicio liquidado, el de 2016, quedaron 21 millones sin gastar y este año va camino de que la cifra llegue a los 25, así que, a falta de obras acabadas, el Concello de Lugo al menos podrá presumir de ahorrador, aunque ese título no suele dar votos.
La RPT, papel mojado
La fallida Relación de Puestos de Trabajo no aparece en el proyecto presupuestario, lo que da a entender que la controvertida subida salarial de 450 euros a los policías locales puede quedar en papel mojado. El documento fue negociado en su momento con los representantes sindicales sin contar con el consenso de todos los trabajadores, lo que generó protestas que parece que van a obligar a una recapitulación.
Anónimos y rayazos
La jefa de personal del Concello presentó una denuncia por un anónimo que fue enviado a las cuentas de correos de los trabajadores municipales y en el que se vierten acusaciones contra la labor de esta funcionaria, que durante el mandato anterior llegó a ocupar un alto cargo como coordinadora de varias áreas de la Alcaldía. Además del anónimo, su coche apareció rayado en el aparcamiento de las oficinas municipales.
Sin piqueta en O Garañón
El presupuesto se olvida de incluir, como sí se hacía en las cuentas no aprobadas de 2017, una partida para acometer el derribo de O Garañón y cumplir de esta forma la sentencia que obliga a reponer la legalidad en la finca. O bien el gobierno local es consciente de que el caso seguirá empantanado en los juzgados en 2018 o no tiene voluntad de sacar de en medio la imagen del mamotreto que preside el valle del Miño.
