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Las frutas y los terroristas

LA CAMPAÑA DE COTA

UNA VEZ MÁS. Tenemos que acudir a las encuestas de Andorra. Asistimos a uno de esos escenarios irracionales en los que la sociedad y la tecnología van muy por delante de la política y las leyes. La legislación española prohíbe la publicación de encuestas durante la última semana de campaña. Pero obviamente no puede meterse en las leyes Andorranas, y no hay ninguna ley andorrana que prohíba publicar encuestas sobre unas elecciones españolas. Así que hace ya años, una empresa andorrana empezó a hacer encuestas que se publican en El Periòdic d"Andorra. Pero como los medios españoles no pueden publicarlas, muchos de ellos, sobre todo digitales, cambian los partidos por frutas y los diputados por euros. Las frutas o las hortalizas, para que nadie se llame a confusión, tienen cada una el color corporativo de su partido correspondiente. Ayer podíamos leer el siguiente titular: "Mercado andorrano: la naranja baja al 7 y se podría quedar en 10 euros".

¿Hasta cuándo vamos a seguir viviendo esta estupidez? A principios del siglo XIX, hasta que se inventó el telégrafo, algo publicado en Andorra podía tardar días en llegar a algún rincón de España y hasta hace un par de décadas o poco más, la prohibición de publicar algo era razonablemente fácil de controlar. Pero es absurdo que a día de hoy los lectores españoles tengamos que acudir a un mercado andorrano de frutas para ver una encuesta. La cosa es mucho más ridícula cuando pensamos que, así como las leyes andorranas no prohíben publicar encuestas de elecciones españolas, las leyes española no prohíben que la prensa española publique los datos de una frutería andorrana.

El precio de la naranja en la frutería alemana baja al 7% y se podría quedar en 10 diputados. Solo falta publicarse bajo este titular: "Preocupación en Ciudadanos ante la caída del precio de la naraaaaanja (guiño, guiño) en las fruterías de Andorra". Las normas, muchas de ellas, están quedándose atrás. No las cambian los políticos cuando es algo que escapa a su control. Ya les gustaría que no fuera así, pero es. Hay algunas cosas que las cambia el paso del tiempo y lo único sensato es adaptarse. La libertad de expresión es algo muy difícil de controlar en estos tiempos, por mucho que se tomen medidas poco edificantes, como el terrible decreto ley publicado esta semana, que confiere al Gobierno la facultad de cerrar y administrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas cuando su contenido no sea el que el Gobierno quiera ver publicado. Es decir, que de hoy en adelante el gobierno de turno podrá cerrar webs a su antojo. Puede que el Constitucional tumbe esta medida de aquí a seis años, pero de momento está en marcha.

Lo hacen, sí, bajo la excusa de que el movimiento llamado Tsunami Democràtic utiliza las redes para comunicarse. Hombre, no, Sánchez, si te parece iban a usar un burro o una paloma mensajera. Se trata de un grave recorte de libertades colado por un Gobierno en funciones, sin debate parlamentario, casi sin previo aviso, en plena campaña electoral, cuando ningún partido de la derecha se va a oponer, y si lo hace alguno de la izquierda será señalado inmediatamente como un partido desleal y marxista que lo que quiere es dinamitar España.

Se hace en un momento en que se quiere vender la falsa noticia de que Tsunami Democràtic es una organización terrorista. Las webs de este movimiento fueron cerradas por orden de un juez en base a un informe de la Guardia Civil que dice que es una «organización criminal con fines terroristas», que ya es demasiado decir, pero el Gobierno quiere evitar a los jueces y a la separación de poderes ese trámite. Prefiere hacerlo a su manera, bajo un criterio subjetivo y partidista y directamente, sin mediación de la Justicia. Ignorando que Tsunami Democràtic es una organización con 360.000 miembros que, siguiendo el mismo criterio, deberían ser inmediatamente conducidos uno a uno ante un juez acusados de pertenecer a una banda terrorista. Cuánta desmesura hay últimamente en la política española, cuánta exageración, cuánta sobreactuación, todos presentándose como los únicos capaces de evitar un fin del mundo inminente. Pero así como no se pueden prohibir los mercados andorranos de fruta, tampoco servirá de nada cerrar una web cuando a los que mandan no les guste. Ese recorte de derechos supone un mal precedente, malísimo, pero tendrá poco efecto práctico. Hay miles de formas de comunicarse hoy día y un movimiento tan grande como Tsunami Democràtic las tiene todas a su alcance.

Lo que deberían hacer los gobiernos, éste y los que vengan, es empezar a llamar a cada cosa por su nombre. Confundir ante la opinión pública a los 360.000 del Tsunami Democràtic con 360.000 terroristas es un insulto a la inteligencia de los votantes y a la dignidad de las víctimas del verdadero terror, como lo es confundir un contenedor quemado con un tiro en la nuca o una bomba lapa en los bajos de un coche. Si no confundimos frutas con partidos, vamos a confundir a un terrorista con un manifestante. Jugar con estas cosas no es sano, pero sí estúpido.

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