NO SE habla de otra cosa. Aunque ha empezado la campaña electoral, los dirigentes políticos sueltan titulares a diario, cincuenta personas han perdido la vida en un club de Orleans, el ejército libio ha recuperado un importante puerto en poder del Daesh y se ha iniciado la Eurocopa de fútbol en medio de huelgas y de impresionantes medidas de seguridad, de lo que habla todo el mundo es del caso de prostitución que supuestamente afecta a importantes miembros de la selección española. La mayoría de los españoles conoce de memoria los términos de los whatsapp intercambiados entre los personajes implicados, futbolistas y prostitutas, y se ha abierto el debate sobre cómo afectan esos hechos a las decisiones que debe tomar Vicente del Bosque en el plano estrictamente profesional.
El asunto sin embargo va mucho más allá del ámbito deportivo. Es una carga de profundidad al derecho de los españoles a que sus conversaciones privadas se mantengan precisamente en ese ámbito, el privado. Incluso si forman parte de una investigación judicial deben ser privadas mientras permanezcan en la fase de instrucción. En la España actual ese derecho ha dejado de existir, hasta el punto de que miles de españoles apenas utilizan el teléfono, el correo o los sms para poco más que un rápido mensaje.
El gobierno, cualquier gobierno, tiene la obligación de garantizar el derecho a la privacidad. Los jueces y fiscales, todos sin excepción, tienen la obligación de garantizar que los datos que aparecen en los sumarios secretos sean lo que la palabra dice, secretos. Pero llevamos años con filtraciones interesadas, parciales e instrumentalizadas de sumarios sin que nadie haya asumido las consecuencias, y llevamos mucho tiempo también en la que raro es el día en el que no aparece en un medio de comunicación la transcripción de una conversación que en ningún caso tendría que salir a la luz pública. Entre otras razones porque puede formar parte de una investigación no culminada y ser finalmente irrelevante, o bien porque se trata de una conversación inducida para hacer creer lo que no es. Además de que su publicación podría perturbar la investigación judicial.
Que nadie esté seguro de que mantener en privado su vida personal es un escándalo, mucho mayor que el que pueda suponer que un futbolista de élite haya podido acudir a los servicios de una prostituta. Incluso si ha habido abusos de por medio, tiene derecho a que se mantengan en secreto mientras un juez no determine que efectivamente se ha producido un delito e imponga la pena correspondiente. Pero que aquí se considere normal, por habitual, que funcionarios adscritos a la administración de la Justicia, o que algunos policías y guardias civiles filtren a medios de comunicación datos escabrosos de sus investigaciones a personajes del mundo de la política, la empresa, el espectáculo o el deporte, es inadmisible. Y se echa de menos que desde Interior, o desde Justicia, no actúen con la debida contundencia.
