CUALQUIER esfuerzo que se haga para redimir la pobreza, siempre será insuficiente. Combatirla es una obligación moral de la sociedad, que no siempre se muestra solidaria. Hay muchas formas y maneras de hacerlo, desde ONGs hasta otros modos altruistas varios, no siempre honestos y eficaces, aunque sea obligado reconocer el esfuerzo de la mayoría. Lo que más incomoda es si se va lo comido por lo servido. Algo de eso debe suceder con la oficina del Alto Comisionado creada por el presidente del Gobierno para mitigar la pobreza infantil, muy significativa en España, donde un 28,3% de los menores está en riesgo de sufrirla. Siendo la idea plausible, medio año después, el nuevo ente carece, dicen, de presupuesto y de actividad, y aun así sus cinco empleados, entre ellos dos jefes (el alto comisionado y la directora de la oficina), perciben salarios que superan, en conjunto, 200.000 euros anuales. Alguno, más que el propio Presidente del Ejecutivo. No es el único despropósito salarial entre dirigentes políticos que ostentan cargos de representación, pero huele a sarcasmo fijar regalías tan elevadas en un órgano para paliar la pobreza. Además de una cuestión de imagen, lo es también de pudor.
