Una cosa es la libertad de huelga o de manifestación, amparada por la ley y razonablemente argumentada, y otra es la violencia paralela y el fanatismo colateral de quienes, a su amparo, ejercen y practican la delincuencia. Viene a cuento tras la aprobación en el Congreso de la ley que deroga el artículo del Código Penal que contempla cárcel de hasta tres años para los piquetes informativos que coaccionen en una huelga. Lo que se entiende con esta modificación es que tales patrullas obtienen así la impunidad coercitiva más allá de lo permitido, pudiendo actuar con absoluta arbitrariedad, maltratando incluso a quienes se les resista. Bien es verdad que en las huelgas hay piquetes que se comportan con corrección, pero otros se hacen pasar como tales siendo abanderados y profesionales de la gresca. Me contaba un significado líder sindical, ya desaparecido, que en una ocasión amenazó con llevar a la Policía a un piquete que desvalijó una tienda de ropa si no devolvían las prendas y pedían perdón. En una palabra, está muy bien garantizar las libertades, también las de quienes se oponen a colaborar con los huelguistas, pero los excesos deben de ser castigados en correlación con la gravedad de los hechos. Lo demás solo se da en países bananeros.
