ACTUAR con transparencia y generosidad, en auxilio de los más desfavorecidos, es sin duda uno de los retos en los que se cimienta la justicia social. Es, por ejemplo, el caso de la anunciada renta mínima vital que el Gobierno aprobará mañana, con un alcance de cobertura de 850.000 hogares necesitados, que percibirán entre 461 y 1.100 euros mensuales. Ahora bien, al tratarse de un desembolso considerable, con cargo a las fatigadas arcas públicas, que menos se puede exigir que la adopción de todas las cautelas que controlen la picaresca y el engaño. Como bien apuntaba una lectora en una carta a este periódico: "Hay mucha gente con pocas ganas de trabajar y con esto se las quitan todas", lo cual, en el fondo, tiene bastante de verdad (llueve sobre mojado), pero eso se arregla (debería) siendo muy exigentes y rigurosos al establecer prioridades, vedando prestaciones para uso y disfrute de quienes se aprovechen del chance en pos de un complemento extra. Porque es una aportación que hacemos todos. Es algo así como cuando ciudadanos en el paro, con opciones de obtener trabajo, prefieren el subsidio, por mínimo que sea, antes que doblar el espinazo. Es lo más cómodo para ellos, pero muy lamentable si el gorroneo priva de ayudas a quienes de verdad lo necesitan.
