Que la Dirección General de Tráfico permita abonar multas al instante o en un plazo determinado, abaratando el 50 por ciento de su cuantía, no deja de ser un señuelo para asegurarse el cobro, a la vez que el sancionado también se beneficia del ahorro, alternativa que acepta el 64% de los infractores, renunciando así al recurso, conscientes de que suele ser costoso y de final incierto. Claro que no siempre, porque según el informe de Automovilistas Europeos Asociados, la mitad de los procedimientos incoados por los presuntos transgresores ante la propia DGT o en los tribunales se resuelven a su favor, evidenciando que los agentes de tráfico no siempre hilan fino en su criterio represivo, ni que los radares sean debidamente precisos. Desafine que a las resultas económicas que significan para los automovilistas se suma el de las molestias por tales imprecisiones. Eso sí, sigue siendo un gran negocio, revestido con la finalidad de controlar las carreteras, por lo que no es fácil conciliar ambas pretensiones. Téngase en cuenta que en veinte años, con 70 millones de denuncias y 6.500 millones de euros recaudados, las multas se incrementaron un 122 por ciento, habiendo crecido el parque el 42. Y algunas carreteras siguen como siguen.
