CUANDO un dictamen gubernamental tan controvertido como el prohibir la caza del lobo ibérico en todo el territorio nacional, en vigor desde el miércoles y con excepciones imposibles, se hace sin consenso de las partes afectadas, es que algo falla en la exigencia de sensatez que requiere la inferencia. Los hay partidarios de la restricción total, pero son más los que están en contra, sobre todo ganaderos que sufren los ataques directos en sus cabañas, y también las cuatro administraciones autonómicas del norte del Duero en las que habita el 95 por ciento de los ejemplares de la especie Canis lupus; Galicia (con más de noventa manadas), Asturias, Cantabria y Castilla y León, que ya anunciaron recurso ante los tribunales. No se contempló su rechazo y no se les consultó para una imposición tan radical y polémica, como si se tratase de frenar el exterminio de la especie, cuando lo que se defiende es el control de su número para que su acometida no siga causando verdaderos estropicios en el ganado, con indemnizaciones inciertas, cuasi improbables. Además las sanciones son escandalosas: dos años de cárcel y multas de 200.001 a dos millones si el infractor obtiene beneficios que superen los cien mil euros. En otros casos, entre 3.001 y 200.000. Demasiado.
