LA CRUZADA entre defensores y detractores del lobo está servida, y si el descabello gubernamental de prohibir cazarlo no se enmienda, como parece, va para largo. Ganan los adalides radicales, que solo escrutan en una dirección, sin importarles que los perdedores sean los dueños de ganado, víctimas de los constantes ataques a sus rebaños y a la cabaña en general. Encima, de por medio revolotean intereses partidistas, Gobierno por un lado y comunidades autónomas por otro, cuatro en particular, en contra, en las que reside el 95 por ciento de la población lobuna: Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. No se les consultó. Todas ellas recurrirán al Supremo la que consideran astracanada. No se trata de exterminar el lobo, lo que sería un despropósito, pero parece obligado y razonable que se regule su progresión para que los ataques puedan minimizarse. Están previstas, sí, indemnizaciones por daños, pero ya se sabe cómo funcionan los desagravios para resarcirlos: mal, tarde o nunca. Si la población de lobos se estima ahora entre dos mil y dos mil quinientos, distribuidos en casi trescientas manadas, con un centenar de ejemplares legalmente abatidos cada año no cuesta imaginar cuál va a ser el descomedimiento si el libre albedrío se oficializa.
