LOS QUE HAN hecho de la transgresión cláusula de estilo de su acción política, alzan ahora la voz y el gesto para reclamar que se niegue al partido Vox cualquier dialogo o participación en el concierto político. Lo hacen unos que se han recreado en el quebranto de cualesquiera convenciones sin que importara que sirvieran positivamente para facilitar la convivencia. Y otros, que se han abonado a la praxis vacía del dialogo inexistente, que va cursando, como ha sido hasta ahora, en la dejación de cualquier posición que incomode al voraz interlocutor y en buscar cómo se le da la vuelta a lo que no la tiene, sin tan siquiera guardar la ropa.
Pero no hay que confundirse. La izquierda siempre pretende hablar ‘ex catedra’, y eso solo tiene consecuencias si los demás lo admiten. Parece que no hemos avanzado en la aceptación de la discrepancia, que es un derecho inscrito en el ADN de la democracia. Es lo de siempre. La derecha, no Vox, que según ellos, los de extremísima izquierda podemita y mareante, es extrema —toda la derecha—, es reaccionaria, es antisocial;en los años treinta era clerical y fascista, ahora es fascista y franquista, y además, es objeto de nuevos improperios repetidos con constancia de papagayo, reputándola de antifeminista, homófoba, antiautonomista, antisocial y lo que convenga.
Refirámonos a Vox. Y consideremos la diatriba que la previsiblemente saliente presidenta de Andalucía, Susana Díaz, le dirigía en su discurso ‘institucional’ de Fin de Año advirtiendo del peligo que dicha formación política entraña para la autonomía andaluza. Y lo proferido días antes, gloriosa aportación, una más, de la ministra Celaá, especialista en interpretar como no dicho lo que se dijo, por no ser presidente el emisor de las palabras cuando las pronunció, y frustrada candidata al Senado encabezando lista del Partido Socialista del País Vasco, pues no resultó electa ni en 2015 ni en 2016, por decisión de los que votan, que en ocasión de pronunciarse sobre el resultado de las elecciones andaluzas, calificó, y se refirió a Vox, tildándole de "inconstitucional".
Ya escribió Gracián en una de sus máximas, que el que sabe y sabe decirlo, sabe dos veces. De ahí se sigue, que el que no sabe, y no sabe ni decir lo que ignora, no sabe dos veces. Ignoran todos, y ya sabemos que no les importa, pero que se contengan un poco, ignoran que lo Constitución de 1878 contempla el derecho a la autonomía. No la impone como elemento configurador de la estructura territorial del poder, por eso, entre otras razones, lo que resulta de su texto es un estado autonómico y no un estado federal. Y, en consecuencia, tan constitucional es defender una autonomía mayor, como su reducción o incuso su supresión. Una y otra cosa es constitucional. Basta ya de ligerezas ignaras.
Que la derecha ha contribuido históricamente a la construcción institucional de nuestra realidad de hoy puede argumentarse incluso haciendo referencia a la autonomía municipal. El impulso que supusieron, sin perjuicio de su aplicación, para la configuración de la autonomía de nuestros municipios y provincias los estatutos Municipal y Provincial de1924, promulgados siendo ministro don José Calvo Sotelo, constituyéron un hito que significó un antes y un después al respecto.
El espacio político, lo he dicho ya en varias ocasiones, es como un abanico, que si no está deteriorado se abre en igual medida a derecha e izquierda. Si se abre más por un lado, lo hace por el otro. Y no hay más, es así, porque muy probablemente debe ser así.
No importó qué diputados apoyaron la moción de censura. Cada uno sabe lo que es más conveniente. Y ahora, así sucede en la vida, puede ocurrir que unos parlamentarios a los que se denuesta y descalifica como no democratas —para demócratas los de Bildu, Esquerra y PDeCAT— es más que probable que hagan uso del poder de sus votos, para lo que democraticamente sirven en un sistema parlamentario, para elegir al presidente.
Y, por supuesto que el Partido Popular que es hoy el eje del conservadurismo, y Ciudadanos, desde su autorreivindicado liberalismo, pueden aceptar esos votos para superar la investidura de un nuevo presidente. Y hay que decirlo, no solo para eso. Las explicaciones en democracia no se pueden pedir a quien decide, que son los electores. Así es, y así debe ser.
Y a gobernar Andalucía, en coalición, un magnífico ejercicio para el PP y un reto para Ciudadanos. Y para Vox un desafío, pues tendrá que saber administrar el valor de sus votos. Administrar, sí, esa es la palabra.
