COMO CASI todo lo que hacemos y la mayoría de los cambios que impulsamos tienen relevancia o consecuencias económicas, resulta que en roman paladino cuestan dinero. Dinero del que debemos disponer u obtenerlo mediante crédito. Igual sucede en la actividad pública. Tantas y tantas decisiones tienen efectos económicos, y por tanto, hay que disponer de fondos para satisfacer su coste.
El presupuesto es pues, el texto jurídico legislativo anual, que recoge como se va a pagar lo que se va a hacer, y por tanto viene a ser un acta que refleja la concreción de la voluntad de gobierno y cual va a ser su financiación.
Por eso, se puede afirmar que un Gobierno no ha proyectado su voluntad política ni gobernado propiamente, en tanto no haya redactado y conseguido que el Parlamento apruebe un presupuesto. Y de ahí, que haya resultado sorprendente que el Presidente Pedro Sanchez se aprestara a gobernar con el presupuesto del Gobierno del PP que se acababa de aprobar, y que horas antes descalificaba y denostaba. Sencillamente, este año de su Gobierno tiene que discurrir entre los mojones del presupuesto del gobierno de Rajoy. Así está teniendo lugar como una ultraactividad de ese Gobierno. Y mejor no imaginar que la cosa acabe con la prórroga presupuestaria si el proyecto de cuentas públicas del señor Sánchez no sale adelante, y se sigue resistiendo a convocar elecciones generales.
Lo que comento fue la razón de que todos los gobiernos que no tenían mayoría suficiente en el Congreso accedieran a cesiones contrarias a su voluntad política, para conseguir el apoyo de alguna minoría, y también que ante la confrontación constante y total del PP y del PSOE, esas minorías, CiU. y el PNV, significadamente y en menor medida CC y otras, consiguieran objetivos políticos que en modo alguno estaban al alcance de su significación política y representación, y lo que es menos justificable, tales concesiones fueron muchas veces de cuestiones ajenas a los presupuestos.
En esa senda hay que situar la pretensión de las fuerzas independentistas de que el Gobierno presionara al Tribunal Supremo o a la Fiscal General del Estado para poner fin a la medida cautelar de prisión provisional de los ex consejeros y dirigentes independentistas procesados.
No deja de sorprender, habiendo oído y vivido lo que los que ya tenemos el cabello encanecido hemos escuchado y presenciado, que quienes el día antes en la oposición decían que había que preservar la "independencia" del fiscal, al estar en el poder, o cuando les conviene, como ahora, no solo archiven semejante demanda, sino que desvergonzadamente reclamen que sea violentada.
Por cierto, no la "independencia", aunque hablen de ella todos cuando argumentan a su conveniencia cuando montan el pollo. Se trata de la imparcialidad que es la que debe tener el Ministerio Público que es una parte en el proceso penal. No deben aún haber leído la Constitución, que dice en su art. 124: "1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad".
A eso, a su sujeción al principio de legalidad se refiere el art. 6 del Estatuto del Ministerio Fiscal en los siguientes términos: "Por el principio de legalidad el Ministerio Fiscal actuará con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las indebidamente actuadas en la medida y forma en que las leyes lo establezcan". Y el siguiente precepto, el 7, respecto a la debida imparcialidad del Fiscal dice así: "Por el principio de imparcialidad el Ministerio Fiscal actuará con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estén encomendados".
En cuanto a la legalmente posible y por tanto licita relación del Gobierno con la Fiscalía dice el estatuto fiscal en su art. 8 textualmente: "Uno. El Gobierno podrá interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.
Dos. La comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado. Cuando el Presidente del Gobierno lo estime necesario podrá dirigirse directamente al mismo".
El fiscal feneral del Estado, oída la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la viabilidad o procedencia de las actuaciones interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de forma razonada. En todo caso, el acuerdo adoptado se notificará a quien haya formulado la solicitud".
Hay que fijarse y reparar en que el texto emplea el verbo "interesar" que es eso, solicitar u otro sinónimo de similar alcance, que nunca puede entenderse que faculta al Gobierno o a su Presidente a ordenar o imponer una acción del Ministerio Público.
Y además, aun cuando la Fiscalía solicitara la libertad, ello no vincularía al magistrado Instructor, que es independiente en sus decisiones, con la única exigencia de su sometimiento a la Ley.
Así, la demanda de los independentistas, además de no concernir al objeto propio de los presupuestos incidiendo en una mala praxis, una y otra vez reiterada, es de imposible satisfacción por el poder ejecutivo. Y cabe preguntarse. ¿Es porque creen que el Gobierno puede hacerlo, cegados por su voluntarismo ignorante? o ¿es porque en su concepción totalitaria de lo público, creen que los tribunales y el fiscal deben estar sometidos al poder ejecutivo? Creo que es más lo segundo. Si persisten, lo más lógico es que precipiten las elecciones generales, que sería lo mejor para la mayoría social, aunque sorprendentemente, lo peor para ellos.
¿Por qué el presupuesto va a depender de la libertad de los presos hoy, de tal o cual competencia ayer, o de no se sabe que mañana? La respuesta no la busquen en los independentistas
