El grupo de apóstoles de la beneficencia que reclama un sistema nacional de cuidados —habrá que formular en el ámbito de las políticas públicas una teoría de los cuidados— es también el que reclama un aumento de la presión fiscal en España. Aducen que se paga poco y que se pueden subir los impuestos, y es cierto, aunque antes que eso parece que lo que habría que hacer es acometer una lucha decidida contra la economía sumergida. Solo aflorando el 10% de ella se recaudarían, según buenos cálculos, unos 38.000 millones de euros más. Antes pues que el aumento de impuestos debe reducirse el fraude fiscal. Y deberían ponerse a ello.
Según Eurostat fuimos en 2018 con el 35,4 del PIB el octavo país de la zona euro con menor presión fiscal de los diez y nueve que la componen, aunque en ese ejercicio esta aumentó en siete decimas y en los datos más actuales andamos ya por el 39, 3%, pretendiendo el Gobierno, según la senda fiscal, alcanzar el 39,3.
Lo cierto es que, también en 2018, superamos la media de la OCDE, por primera vez desde 2007 y protagonizamos la cuarta mayor subida entre los países de la zona euro y la mayor entre las grandes economías de la región. La presión fiscal del Reino Unido en ese año fue del 35,1 de su PIB y la de Irlanda del 23%. Inferiores a la nuestra pues.
En nuestros días no parece que esté justificado que las trasmisiones de bienes deban seguir teniendo un gravamen superior a las demás
Hay que decir que Europa es el entorno económico con mayor presión fiscal del mundo encontrándose esta ya en límites confiscatorios. La causa no es otra que el mantenimiento del llamado ‘Estado del Bienestar’ que continua, es patente, su senda expansiva y que cada vez va a demandar más recursos.
Como se habla de reformas y en la cesta de impuestos subsiste siempre el de de sucesiones y donaciones, creo que en trance de actualizar las figuras impositivas es llegada la hora de efectivamente hacerlo respecto de este tributo que viene de lejos. En Roma se introdujo como una tasa por la Lex Vicesima hereditarum en época de Augusto para financiar las legiones. El tipo de gravamen era del 5%, una broma al lado de lo que está previsto en la vigente Ley.
En nuestros días no parece que esté justificado que las trasmisiones de bienes, que es lo que se produce con las sucesiones y donaciones, deban seguir teniendo un gravamen superior a las demás. Son trasmisiones aunque en el caso de las sucesiones sean mortis causa, y el tipo de gravamen no tiene por qué ser mayor si el hecho imponible es el mismo.
Las trasmisiones están gravadas, según la Comunidad Autónoma entre el 8 y el diez por ciento del valor trasmitido, en Galicia es el 10%. Pues ese debería ser el tipo impositivo de las sucesiones y de las donaciones, sin perjuicio de posibles bonificaciones en el caso de padres e hijos. En cualquier caso será superior al que, con grandes protestas por cierto se recaudaba en la Roma clásica.
La gente cree que hoy casi no se paga el impuesto de sucesiones, pero no es cierto. Las bonificaciones solo alcanzan a los hijos. Los demás interesados en una sucesión tienen que soportar gravámenes en torno al 40% del valor de
los bienes.
Además, el uso de sus facultades por las distintas Comunidades Autónomas ha dado como resultado que los hijos de un causante avecindado fiscalmente en determinadas comunidades tengan que pagar por ejemplo cien mil euros, cuando por un mismo valor heredado euros, en tanto los del que tenía su domicilio fiscal en otras, solo deben pagar unos pocos miles de euros.
No hay que olvidar que el impuesto es estatal aunque esté cedido a las CC.AA. Se trata de una figura fiscal del Estado y la igualdad de los ciudadanos ante las cargas fiscales demanda que no se produzca la discriminación que está teniendo lugar, discriminación que el Tribunal de la Unión Europea puso de manifiesto al pronunciarse respecto de los residentes en el exterior, sin que nadie haya hecho nada por remediar una realidad inadmisible en términos de justicia fiscal.
