POR MÁS que el Magistrado Manuel Marchena que preside la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el tribunal que enjuicia los hechos acaecidos en Cataluña en septiembre y octubre de 2017, ha intentado que las partes en sus interrogatorios y los declarantes en sus respuestas se ciñan a los hechos, se ha revelado misión imposible conseguir que sea así.
Y ello sucede porque si siempre quien habla de su conducta, en particular cuando tiene que responder de ella, lo hace desde su perspectiva, en este caso el subjetivismo de los que han venido dando respuesta a preguntas sobre los hechos por ellos protagonizados o que conocían, lo hacen inscribiéndolo en un relato fantástico que descansa según ellos en "cumplir el mandato del electorado" y en que "el ejercicio de la democracia, votar, no puede ser delito". Y claro, como además el relato una y otra vez se amplifica y enfatiza, el resultado va siendo lamentable.
Recordaba Felipe González lo dicho por Kennedy con ocasión de la crisis de Alabama: "Las leyes están al servicio de la convivencia democrática. Sin respeto a la ley y a los tribunales, incluso cuando se equivocan, no hay democracia". Es un aserto formulado en la historia una y otra vez desde que los conceptos de ley y democracia quedaron fijados.
El resumen es sencillo. No hay democracia alguna que justifique la oposición y la vulneración de una ley democrática. Eso no es democracia, y si se expresa votando, por llamar de alguna manera a la algarada del 1º de octubre, ese voto tampoco lo es, ni es desde luego un acto lícito y legítimo.
Si se discrepa de los conceptos básicos o si se los manipula, es imposible una conclusión correcta.
El juicio va a tener que superar eso, van a tener que elevarse los Magistrados para liberarse de esa falsa contraposición que como relato interesado busca justificar lo injustificable. La respuesta está en la Ley, con arreglo a la que deben dictar sentencia. Y yo estoy seguro de que así lo harán.
