EL FISCAL general del Estado es un órgano de la mayor relevancia. La tiene constitucional, en la estructura del Estado, y también un protagonismo principal en lo que concierne a la preeminencia del derecho como principio al que han de someter su actuación todos los poderes públicos.
Me ha sorprendido que a los torquemadas que estiman intolerable que a los vocales del Consejo General del Poder Judicial o a los magistrados del Tribunal Constitucional los elijan las Cortes, no les altere su oportunista equilibrio que al fiscal general lo designe el Gobierno y además, en el caso de estos días, nombrando a alguien como la señora Delgado, que acaba de dejar el Gobierno y, una vez designada, deberá abandonar su escaño de diputada socialista.
No me han parecido nunca muy justificadas, en lo que a nombramientos se refiere, las prevenciones que no descansen en hechos, sino en presunciones, pero en nuestra realidad de hoy los formadores de opinión han conseguido que sea así, que valgan las presunciones, y así va a tener que ser en todos los casos, sin que sean posibles excepciones cuando a algunos les convenga.
El Consejo Judicial y el Parlamento, en los casos en que lo tienen atribuido, y el Gobierno en el caso del Tribunal Constitucional, nombran magistrados, y estos son independientes, no están sujetos sino a la ley, y son también inamovibles y responsables. Los fiscales no son independientes, porque están sujetos al principio de jerarquía, y esa potestad sobre todos ellos la tiene el fiscal general del Estado.
El informe que debe emitir el CGPJ debe versar a mi juicio estrictamente sobre si quien es propuesto por el Gobierno —es el Ejecutivo quien legalmente propone, no el presidente, aunque aquí parezca que todo es lo mismo— reúne los requisitos que deben concurrir en quien haya de ser designado fiscal general del Estado: jurista de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio de profesión jurídica. Creo que el Consejo no debe pronunciarse sobre la idoneidad de quien es postulado por el Gobierno para esa función. Ese papel entiendo que está encomendado a la comisión del Congreso que debe examinarlo. Para eso está esa comparecencia ante el Congreso, ese es su fin. Lo digo convencido y con la experiencia de haber sido vocal del CGPJ y haber cuestionado en su día en un voto particular a don Eligio Hernández Gutiérrez, cuyo nombramiento fue final y extemporáneamente anulado por el TS.
Miren por donde el Congreso termina, o puede terminar, siendo una garantía. Claro que sí. Y para que lo fuera con seguridad es menester que en primer término lleguemos a tener un verdadero poder legislativo, no un simulacro condicionado por el poder ejecutivo, y eso solo sucederá cuando la ley electoral garantice que puede haber diputados con libertad de criterio, no individuos sujetos al partido y a su líder, que es lo que padecemos; y en segundo término, el fiscal general deberá ser ratificado por el Congreso por mayoría cualificada.
Mientras eso no sea más o menos así, pues tendremos que soportar lugartenientes gubernamentales al frente de la Fiscalía, o el riesgo de que así sea, que es en lo que estamos, sin que quepa oponerse con éxito a semejante atropello a la esencia misma del estado de derecho.
Y, no lo duden, los lugartenientes cuando toca mandan, y en la Fiscalía General no es que se mande mucho, es que se manda todo en lo que al ministerio público se refiere.
Será como quieren los que deciden, pero los que lo tenemos que sufrir, en una sociedad democrática, tenemos el derecho de decirlo, más cuando ahora los torquemadas parece que callan.
