LA LIBERTAD supone decidir, no cabe ninguna duda, pero no siempre. No podemos decidir dejar de ser nosotros mismos, y estimo que fuera de los casos de la descolonización y de la autodeterminación, que es llano que no pueden plantearse en relación con una entidad nacional, la más antigua de Europa con más de 500 años de existencia, como es España, ni tampoco que pueda entenderse que quepa, por injustificada histórica y materialmente, una decisión respecto a la continuidad o no de la pertenencia de una parte de esa entidad histórica, de su población y de su territorio en el seno común del ente nacional del que forman parte. Y esto a considerar en muchas ocasiones, más aún en el caso de nuestro país en el que el sujeto soberano y constituyente, así está aceptado y se proclama en la Constitución, es el pueblo español.
Italia, Bélgica y Finlandia, entre otros, se constituyeron como naciones y como estados en el siglo XIX, y lo hicieron en el marco de situaciones muy diversas. Acaso por ello su actual situación y el fervor nacional de su ciudadanía son distintos.
En cualquier caso estamos en el primer cuarto del siglo XXI, en un mundo globalizado y participando desde hace lustros en el proceso de construcción de una estructura supranacional como es la Unión Europea, que ya detenta parte de los poderes que antes correspondían a los estados miembros. En los pasaportes de todos los nacionales de los países miembros figura en primer término la mención a la Unión Europea y después la del estado miembro del titular del mismo.
Solo consultar los apellidos más frecuentes revela que los ciudadanos que viven en Vizcaya, Barcelona, A Coruña o Palma de Mallorca, por poner ejemplos distintos, son mayoritariamente de una estirpe compartida. García es el primer apellido en todas las provincias referidas, seguido de otros como Rodríguez, Martínez o Fernández.
Una diputada de Podemos en el País Vasco proclamaba esta semana —a proclama sonó— que su fuerza política también es partidaria del derecho a decidir de los ciudadanos que viven en la referida comunidad. Permítanme solo que escriba una cuestión que me planteo, acaso no muy acorde con lo políticamente correcto ¿Es que van a decidir, es que pueden hacerlo porque sea realmente así, que la mayoría de allí y de allá no son mayoritaria, genética y naturalmente españoles? ¿De qué se habla entonces?
Ni en Cataluña ni en el País Vasco ni en Galicia se recauda por cotizaciones sociales la cantidad necesaria para el pago de las prestaciones que en dichas comunidades se abonan. es más, solo las provincias de Almería, Las Palmas y Madrid y la Comunidad de Baleares podrían con lo que en ellas se recauda hacer frente a los pagos de las pensiones y restantes prestaciones sociales. Las hipotéticas decisiones, ¿cómo se llevarían pues a cabo?
Eso, con ser importante, como otras muchas cosas, no es lo más relevante. En 1978 iniciamos una nueva forma de ordenar nuestra convivencia, pero la acentuación de lo inmediato no puede ser fundamento de la quiebra de lo que es, porque lo ha sido secularmente, no puede poner en cuestión la fraternidad entre los que conformamos esa sociedad, esa comunidad de ciudadanos que se llama España.
Por eso creo conveniente que las personas, muchas, a las que nos enoja el distanciamiento y la pretensión de ajenidad, sustentada en intereses egoístas y en la creencia equivocada de que fuera de la casa común estarían mejor, que vienen impulsando algunos movimientos, tenemos en nuestro modo de proceder a nuestro alcance la mejor, la única respuesta entre quienes tienen vínculos fraternos: el afecto, la solidaridad, y la proximidad. Nada de todo esto que he aludido nos puede ser indiferente, porque está intentando socavar unos cimientos bien asentados, pero que como todo en la vida pueden ser conmovidos.
Y también creo que si a todos nos concierne, y todos somos componentes del sujeto de la soberanía nacional, solo a todos juntos nos corresponde decidir, lo diga como lo diga una diputada de Podemos, otros de Esquerra, del BNG, de Compromís, del PNV o del PdeCAT, o lo opine, como lo quieran opinar o expresar, son muy libres, los integrantes de algún grupito de sus simpatizantes de Europa o del otro lado del océano, que los hay, aunque más bien pocos. Y lo que haya que decidir lo decidiremos todos. Y los poderes públicos están obligados a garantizar, en todo caso, que sea así.
