EL PASADO domingo se manifestaron en la Plaza de Colón de Madrid miles de personas (125.000, según la policía), convocados por el movimiento cívico Unión 78. Pero, ¿quiénes eran esos ciudadanos? ¿Nostálgicos franquistas? ¿Temibles huestes ultraderechistas enemigas de la concordia y el diálogo, instalados en la revancha y la venganza permanente contra los independentistas catalanes? Nada más lejos de la realidad: solo personas con sentido común, que quieren a su país y que están en contra de los indultos anunciados por Pedro Sánchez.
En cualquier caso y aunque parezca innecesario, hay que recordar que expresar la opinión en la calle es un derecho de todos y no un patrimonio de la izquierda, que parece que solo respeta sus propias movilizaciones y desprecia la de los demás. La manifestación fue repudiada y hasta criminalizada desde el momento de su convocatoria y tratada poco menos que como expresión de la España intolerante contraria al diálogo y a la convivencia y partidaria de la revancha. El presidente quiere que comulguemos con ruedas de molino y hacer pasar la concesión de estos indultos como lo normal y el rechazo a su arbitrariedad como lo anormal. El recurso dialéctico que usa, equiparando justicia con venganza, es un desatino. La justicia no se perdona ni se concede, se aplica cumpliendo un deber. El Gobierno trata de indultar a personas no arrepentidas, dispuestas a reincidir, y con planes detallados para volver a intentarlo, como ha revelado el documento incautado por la Guardia Civil a ERC y ocultado por el Ministerio del Interior a los españoles.
El Gobierno se ha enfrascado en un tacticismo que como mínimo puede tildarse de temerario. Parece que vivimos, como decía hace un siglo, Pío Baroja, en "ese instante en el que las mentiras, con apariencia de verdad, caen a veces sobre un país y lo aplastan".
Enrique López, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid, hablando de estos indultos afirma con acierto: "Solo una letra separa el indulto del insulto, la S de Sánchez, una ignominiosa letra que da razón a quien utilizó la fuerza y abusó de su poder para imponer su ideología, traspasando todos los límites de la Ley".
Tanto el ministerio fiscal como el Tribunal Supremo son refractarios a los indultos y coinciden en que se trata de una solución inaceptable, que no desactivará el independentismo, no aportará novedades a la dañada convivencia y puede sentar un precedente para otras ansias secesionistas.
El presidente plantea esta medida de gracia solo para no perder el apoyo de sus socios independentistas y verse obligado a disolver las Cámaras. Pero no todo puede supeditarse al interés político partidista, y mucho menos aún al interés político coyuntural de mantener una escuálida mayoría de gobierno.
En un Estado de derecho, la responsabilidad penal se exige individual y no colectivamente y, por tanto, el derecho al indulto es igualmente individual. Es decir, si el Gobierno concede la medida de gracia como una pretendida solución general a un problema político, estaría deslizándose por la pendiente de la arbitrariedad. Desafortunadamente parece que una vez más la izquierda disfruta encendiendo mechas sin pensar que todos podríamos acabar quemándonos.
