CREYÓ Pedro Sánchez que su revolución gubernamental cosmética le traería paz para acabar la legislatura. Pero nunca habrá paz para los malditos de la política porque la mentira y la deslealtad partidista autocrática no prescriben con una remodelación de puro artificio escapista. Pese a su reinvención, el presidente Sánchez ha quedado deslegitimado y retratado desde sus propios inicios por el grado de incumplimiento de la palabra dada en cuestión de pactos. Pactos con comunistas y separatistas catalanes y vascos a costa de España y de la Constitución, y una clara voluntad de gobernar sin control parlamentario, por decreto y con soberbia autoritaria presidencialista sacando provecho político, incluso, de una emergencia sanitaria trágica como la pandemia.
El Constitucional ha puesto al sanchismo contra las cuerdas al sentenciar esta semana que el estado de alarma de Sánchez fue ilegal, lo que en cualquier democracia decente supondría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para que el pueblo soberano decidiera si indulta a Sánchez como él indultó a los presos del procés. Pero lejos de reconocer el exceso gubernamental, del todo grosero hasta para un Estado generoso como el español, Moncloa decidió que la nueva ministra de Justicia, la jueza Pilar Llop, despotricara contra el Alto Tribunal mediante plasma sin preguntas en otra clara injerencia de Sánchez en la independencia judicial. A esa cruzada se sumó, de forma sorprendente porque nos tenía engañados a todos, la jueza ministra Robles, que habló de «elucubraciones doctrinales», lo que confirma el indisimulado desprecio a la separación de poderes tal y como Sánchez acreditó con su fallido intento de asalto al Judicial que la UE frustró.
Sánchez, Iglesias y su interminable Gobierno no debieron esperar al 8-M para evitar las prisas del estado de alarma inconstitucional y sí debieron haber solicitado posteriormente el estado de excepción. Pero eso no le convenía porque le obligaba ante el Congreso a rendir cuentas periódicamente con mayor transparencia. El sanchismo podemita necesitaba en la mayor crisis sanitaria reciente una carta en blanco con la que sostener su escasa mayoría, su fragilidad parlamentaria y la dependencia de socios condenados por el Supremo. Su plan quedó en evidencia cuando sucesivamente amplió el estado de alarma con reticencias de la oposición hasta que la perpetuidad decayó. Y su venganza no fue otra que desentenderse de su responsabilidad de Gobierno para depositarla en las autonomías sin legislar una ley de pandemias con la que evitar el actual caos legal de los toques de queda que nos maniata en la lucha contra el covid.
Si a eso añadimos la mala gestión de la pandemia, la ocultación de la cifra real de muertos, las compras tardías de material defectuoso, la monitorización de la prensa y otros deslices poco democráticos, llegamos a la conclusión de que también el Tribunal Constitucional ha sentenciado a un Sánchez deslegitimado por la propia chapuza de una obra carente de escrúpulos y de la templanza debida. Toda esta huida hacia adelante culminó con una remodelación exprés de Gobierno, en la que fueron cesados todos los cómplices del sanchismo poco antes de que el Constitucional declarara ilegal el estado de alarma.
Para evitar petición de dimisiones, Sánchez se desprendió anticipadamente de su núcleo duro (Calvo, Ábalos y Redondo) señalándoles como responsables de la inconstitucionalidad cuando el responsable es el propio Sánchez, mando único de presidencialismo a lo comandante en jefe.
Moncloa sabía que la suspensión de derechos fundamentales requería un estado de excepción y no de alarma. De modo que ni siquiera el necesario y emotivo homenaje a las víctimas y héroes del covid del pasado jueves en el Palacio Real libra de responsabilidad a un Pedro Sánchez reprendido por el Tribunal Constitucional que le ha dejado tocado para lo que le reste de legislatura. Si a eso añadimos la colaboración de conveniencia con el separatismo, que no se arrepiente y amenaza con reincidir, Sánchez queda a merced de las urnas o de sus socios, que le dejarán caer cuando ya no sea útil a sus intereses.
Del mismo modo que la Corona dio solvencia y altura al homenaje covid, a la segunda gran pasarela a Moncloa le faltó el glamour del primer paseíllo. Aquel lucimiento del Gobierno bonito bajo el impacto emocional de la moción de censura quedó deslucido por repetitivo y artificial, repleto de los lugares comunes de la propaganda y la estética. Fue una operación de cosmética al más puro estilo Iván Redondo que, según él mismo pronosticó, está haciendo barranquismo. Gran sesión televisiva de maquillaje hecha con retales de enaltecimiento del líder y cimentada sobre los restos del sanchismo que el presidente entierra en el cementerio de su desmedida ambición presidencialista.
Los cadáveres que va dejando Sánchez en la cuneta, lejos del guerracivilismo desenterrador que practica, le pasarán factura tarde o temprano, igual que se la pasará su desmedida deslealtad con España, de la que también forman parte quienes no le votaron.
Travesía del cambio
QUE SÁNCHEZ haya preparado la remodelación con Ábalos para después cesarle, dice mucho del cesarismo sanchista. Que cese al ministro de Justicia que se ha comido el marrón de los indultos, retrata la autocracia. Y que caigan Calvo y Redondo, conocedores de los secretos más inconfesables del mandato, demuestra que el líder del partido sanchista obrero español no quiere testigos que le recuerden lo que ha hecho. Una vez afianzado en la mitad de legislatura, Sánchez se considera en condiciones de asumir en su persona las parcelas de poder en Gobierno y Ferraz que acumulaban los cesados. En el PSOE lamina a Ábalos. En el Gobierno a la vicepresidenta y al jefe de gabinete. Y como arquitecto fontanero de la operación un clásico del socialismo que estuvo con ZP y Blanco, con Rubalcaba y ahora con Sánchez: Óscar López. López es un hombre de partido y lealtades, que renuncia al sueldazo y la balsa de Paradores para adentrarse en la patera gubernamental de aguas turbulentas. Patera que en solo unos días ya ha volcado con el Constitucional. ¿Habrá naufragio?
Dictadura o dictablanda
LA RESISTENCIA del Gobierno a calificar de dictadura el régimen comunista cubano tiene claras señas de identidad ideológica. Y las tiene no sólo por la presencia de Podemos en el Gobierno, sino porque el propio PSOE siempre ha medido históricamente esa realidad. A la izquierda le resulta más fácil hablar de dictaduras de derechas que mirarse el ombligo. Prefiere dejarlo en que Cuba y Venezuela «no son democracias» porque es más suave. Pero el tono bolivariano de nuestra política exterior, que se debe regir por criterios de la Unión Europea, deja mucho que desear. Parece que el nuevo ministro de la diplomacia, José Manuel Albares, tiene más preparación que Laya. Pero aun así, España no está para hacer equilibrismo ante lo que está pasando en Cuba o Venezuela. No hay que distinguir entre dictadura o dictablanda. Sin perífrasis, hay que distinguir entre dictadura y democracia. En realidad, España debe proteger su democracia de esta malas influencias, incluso de las sospechas de las maletas de Ábalos que también han pesado en su cese.
