VINCULAR LA impostura de la nueva casta gobernante con la verdadera democracia es una pobre defensa para Podemos, partido de la pureza emergente imputado por financiación irregular. Eso de que los demás son unos corruptos delincuentes y nosotros encarnamos la verdadera democracia porque se nos acusa sin pruebas de nulidad desde la conspiración de las cloacas, la policía política, la judicatura cavernaria y la involución golpista es un cuento del diez que no engaña ya ni a los párvulos de la pública, la concertada o la privada. Con el caso Dina y la presunta malversación y administración desleal de la caja B de Podemos, camuflaje de doble bolsillo en plena cruzada contra las corruptelas del rival, Pablo Iglesias y su feliz camarilla de justicieros de la hipocresía igualan en el ránking de logros meteóricos la peor venganza récord del destino.
El castigo a la osadía podemita, que ya no es un simple Vox-escrache, incluye también el mismo jarabe democrático del estado de derecho que Pablo, Pablito, Pablete tomó como pretexto para embarrar con ayuda de Sánchez el terreno político de la era mariana. En la impúdica competición por ser más radical que Franco, la coalición de izquierdas empata en mentiras y demagogia más allá de la penosa gestión del coronavirus. A la mayor sentencia por corrupción de la democracia (750 millones de los Ere del PSOE) se une ahora el cerco judicial a Podemos. Dar lecciones de regeneración a los enemigos políticos es fácil cuando persigues el poder a toda costa sin escrúpulos ni apego a la verdad ni al juego limpio. Y pedir dimisiones para los imputados del caso Gürtel, al igual que disparar salvas de república contra la monarquía por el caso Corinna, fue y es un ejercicio de (falsa) transparencia que ahora se debe aplicar la coalición gubernamental, y más concretamente Sánchez e Iglesias.
Si el armazón de la moción de censura de Pedro el Hermoso se sustentó en una sentencia con morcilla innecesaria del juez simpatizante que después fue retirada por la Audiencia Nacional, el pensamiento único actual debe entonar su penitencia tras los casos ERE, Dina y caja B. Y aunque lo de Podemos está en fase de investigación a falta de sentencia, el código ético podemita obligaba a la dimisión desde el momento de la imputación que ahora acontece y que no se puede camuflar bajo la coleta de humo poniendo al mundo por Montero mientras Echenique lanza sus hordas tuiteras contra la injusticia de que también a ellos se les aplique la Ley. ¡Qué atrevimiento!. ¡Qué vil legislación tan mugrienta!. ¡Cuánta indefensión con los falsos Robin Hood!. A lo mejor pensaban los indignados de Podemos que son inviolables republicanos como el rey emérito, merecedores de inmunidad democrática bolivariana por el hecho de haber desenterrado al dictador, dividido a la sociedad y fomentado el rupturismo junto a Sánchez por sus malas compañías. A los Iglesias, Montero, Echenique o el tertuliano Monedero se les acabó el chollo de generalizar y lanzar sobre el contrario la plaga de la maldad corrupta. Y esa regla de tres también se la debe aplicar Sánchez, que hizo posible esta coalición de riesgo pandemita sin calibrar el coste para la democracia, la unidad del Estado, la monarquía y la propia vigencia de la Constitución. Como la lluvia 'miudiña' de orvallo que va calando poco a poco en los huesos de España, Sánchez, Iglesias y sus palmeros de república monárquica empiezan a ser vistos como enterradores de la gestión eficaz, la verdad, la confianza y la credibilidad tras presentarse al electorado como salvadores de la patria.
Cuando en su vida anterior a presidente y vicepresidente, Sánchez e Iglesias clamaban contra Rajoy por aquellos SMS que tanto juego dieron a la entonces oposición política y mediática de izquierdas ("Luis, se fuerte"), todo eran bocas llenas de compromiso con la transparencia y la regeneración democrática. Por eso ahora sorprende para mal esa doble vara de medir y de cinismo con la que los síntomas de la misma enfermedad se diagnostican con el mimo de la prudencia comprensiva frente a la ligereza de antes en la exigencia de responsabilidades políticas (a los demás). La falta de respeto de Iglesias a la Justicia y sus administradores ha quedado probada repetidas veces cuando los jueces y sus sentencias no son como les conviene a él y a Podemos. Y eso es intolerable tanto desde la oposición como desde el Gobierno, si bien acarrea una mayor irresponsabilidad hacerlo desde el Poder Ejecutivo en contra del Poder Judicial, como impulsa Sánchez nombrado Fiscal militante del Estado y catalogando de "inquietantes y perturbadoras" las noticias del Rey emérito mientras corrió y corre un tupido velo sobre los Ere y la caja B podemita.
Esa permanente fractura generada por el PSOE y Podemos en su reparto de papeles gubernamentales se extiende a la Corona desde esa vocación de republicanismo impune y excluyente que reparte carnets de democracia y justicia como si les asistiera la divinidad propia de reyes absolutistas. Por eso, en medio del cerco judicial a Podemos y la deriva del gobierno de coalición, resulta pertinente y hasta verosímil que Sánchez llame un día de estos a Iglesias y le diga: "Pablo, sé fuerte".
Ética en papel mojado
REPASAR EL CÓDIGO Ético de Podemos es un ejercicio de flagelación y ofensa a la inteligencia que debería cobrar valor de prueba tras la imputación de la formación morada por financiación irregular. Por ejemplo habla de "compromiso de renuncia al cargo público o interno en caso de ser (imputado) procesado o condenado por las faltas o delitos de corrupción y económicos". La palabra "imputado" fue retirada en 2018 de forma premonitoria y oportuna. En Twitter Podemos llegó pedir la dimisión de cualquier cargo del PP en el Gobierno en caso de imputación, y afirmó que Rajoy había ganado las elecciones haciendo trampas, lo cual podría aplicarse también a Iglesias si no hubiera doble rasero. Papel mojado en el Código Ético de Podemos como otros cantos de sirena cuales son el incumplimiento de la limitación salarial y de mandatos, la (no) renuncia a coche oficial permanente y la (no) obligación de denunciar a la justicia las ilegalidades, lo cual se ha ignorado claramente en el caso Dina y la caja B ahora investigada y escondida tras cortinas de humo monárquicas.
Motín municipal
NO PARECE DE recibo, y sobre todo no parece serio por parte de un Gobierno, sea del signo que sea, echar la culpa de sus decisiones más polémicas al principal partido de la oposición o al anterior Ejecutivo. Lo hizo la coalición PSOE-Podemos cuando pactó la derogación inviable de la reforma laboral con los proetarras de Bildu, y lo hace ahora con el inaudito acuerdo de Hacienda y la FEMP presidida por el socialista Caín Abel Caballero sobre el uso de remanentes y superávit municipal. El acuerdo obliga a ceder a Hacienda por parte de los ayuntamientos unos 14.000 millones de euros para poder acceder a las ayudas europeas por el coronavirus. Todo después de que Moncloa pidiera a Bruselas 20.000 millones para pagar los Ertes, lo cual explica este despropósito contra el que se han rebelado hasta alcaldes socialistas y que no va a pasar el necesario trámite parlamentario sin negociación. El amotinamiento ha asustado al Gobierno, que enseguida se ha justificado diciendo que el acuerdo tiene su origen en la ley del PP que impedía incurrir en déficit público. Memorable.
