LA DIPUTACIÓN de Lugo vivió un triste epílogo a un esperpéntico mandato. Manuel Martínez, dispuesto a morir matando, escenificó una burda venganza contra su presidente, el socialista Darío Campos, al airear la denuncia de un polémico empresario contra él, como alcalde, y el secretario de A Pontenova por la canalización de un saneamiento en 2009. A la vista de que el denunciante es hermano del candidato de Galicia Sempre en Meira, Martínez se erige en demiurgo de una trama de escaso recorrido al divulgar el caso. Trata de reproducir la situación de 2015, cuando entendió que su partido lo vendió al ceder ante la negativa del BNG a investirle como presidente de la Diputación a raíz de una imputación de la que fue absuelto. Quiere ganar una batalla después de muerto, ante sus escasas opciones de seguir como diputado. La suya es una venganza postelectoral, aunque Campos declarará ante el juez antes de que se constituya el pleno provincial y es muy posible que entonces le retiren la condición de investigado. Si no es así, el BNG debería diferenciar si hay una supuesta infracción administrativa o penal.
La situación en el Concello de Lugo es parecida. Orozco cerró su etapa como alcalde por otro caso judicial ante la presión de Lugonovo y del Bloque. Contra Lara Méndez pesan dos denuncias de CSIF y PP. Cuando las partes implicadas judicializan el juego político no se debe pecar de ingenuidad. Fue lo que le sucedió a Demetrio Madrid, primer presidente de Castilla-León, que dimitió en 1986 para enfrentarse a un proceso, convencido de su inocencia. Así le abrió el camino a José María Aznar.
