EL año pasado por estas fechas llegó a mis manos el libro ‘Crisis’ de Jared Diamond. Les aseguro que su lectura no fue una premonición.
El libro analiza el modo en que las naciones afrontaron sus peores crisis, y como de ellas supieron sacar lecciones vitales que ayudaron a su desarrollo futuro.
El autor hace un estudio comparativo sobre cómo las naciones (Finlandia, Japón, EE.UU., Australia y Alemania) afrontaron sus horas más oscuras mediante un duro proceso de autoevaluación, cambio y adaptación.
La diferencia de esas crisis con respecto la que estamos padeciendo es que esta tiene un carácter global, sanitario y ambiental. De ahí la importancia que han adquirido las políticas de cooperación y desarrollo internacional.
La cooperación al desarrollo trata de paliar las manifestaciones más agudas de pobreza y desigualdad en el mundo. No solo da respuesta a una responsabilidad internacional, sino que también facilita la gestión de presiones migratorias desordenadas, la reducción del espacio democrático, la inseguridad o el deterioro ambiental.
Es por ello que tanto España como la Unión Europea, a pesar de los difíciles momentos que están pasando, deben seguir siendo un referente en la cooperación con sus socios latinoamericanos, los cuales están alcanzando graves índices de inestabilidad política y desigualdad social.
En África, en el Sahel y en el Magreb, la situación es alarmante: crisis de los sistemas sanitarios, inseguridad alimentaria, política y jurídica, terrorismo y radicalización yihadista, que llevan a inmigraciones forzadas, tráfico de personas y la pérdida de vidas humanas en el mar.
Por ello, el Gobierno de España ha reforzado su ayuda sanitaria. Así ha fortalecido su colaboración con ISGlobal, alianza que afronta los retos de la salud a nivel internacional.
El impulso de la colaboración con médicos de América Latina y del Sahel dándoles clases telemáticas, compartiendo diagnósticos y experiencias es fundamental. Ahora bien, hay que dejar claro que el aprendizaje es mutuo.
España también ha impulsado la iniciativa Acelerador ACT para asegurar el acceso a vacunas, diagnósticos y tratamientos para luchar contra el covid-19.
Nuestro Gobierno ha comprometido igualmente 75 millones (en quince años) para la Coalición para las Innovaciones en Preparación de Epidemias (Cepi) y 50 millones (en cinco años) para la Alianza Global para la Vacunación (Gavi).
En el ámbito de la seguridad alimentaria, amenazada con motivo de la pandemia, España ha comprometido 10 millones de euros para el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria.
Es innegable que esta pandemia nos ha llevado a un nuevo escenario. Por ello, en España son necesarias reformas de profundidad de la estructura institucional de las políticas de cooperación.
En el último pleno del año, el Congreso ha dado luz verde a la creación de una subcomisión que renueve el marco normativo de la Ley 23/98 de Cooperación, tal como demandaban todos los agentes del sector.
La Unión Europea está sometiendo su política de cooperación a una profunda reforma, a través de la unificación de sus instrumentos en uno único. Busca utilizar una parte de sus recursos para atenuar y distribuir el riesgo y así favorecer con ello la inversión en desarrollo sostenible. Las magnitudes que se espera movilizar generarán un mercado dinámico para los sistemas de cooperación y para las empresas privadas que sepan operar en estos contextos.
España debe prepararse también para ese desplazamiento en la concepción y modalidades de la cooperación.
El 2021 es un año de esperanza. La ciencia, que ha dado el pistoletazo de salida para la recuperación con el descubrimiento de la vacuna, junto con el multilateralismo y el respeto al medio ambiente, sentarán las bases para un futuro mejor.
