SI ES imposible acordar en una cámara legislativa de un país democrático una declaración de apoyo a la legalidad vigente, que se enmarca en su Constitución, mal debe de andar esa sociedad. Sucedió, que se desmentirá, en el Parlamento de Galicia. Solo populares y socialistas mostraron su disposición favorable a una resolución institucional de apoyo a la legalidad constitucional en Cataluña. Y ahí se quedó. De momento. ¿Solo el sí a la aplicación del artículo 155 de la Constitución es el origen de la discordia? No. Sucede que para supuestamente demandar reformas constitucionales hay quienes se dedican antes a demonizar de principio a fin la actual Constitución, de donde sale la autonomía que Galicia nunca había tenido, y los cuarenta años de libertades que vive esta sociedad. Cuando no hay acuerdo sobre los fundamentos, aunque sea para cambiarlos a continuación, no hay legitimidad para desacreditar a quienes supieron encontrar normas de respeto y convivencia.
Aparcamiento
Las tarifas de los aparcamientos públicos de la ciudad de Lugo suben. No será por el tamaño de sus plazas, con riesgo constratado de no poder entrar en el coche si se estaciona otro vehículo al lado, ni por la calidad y facilidad de las salidas, con riesgo evidente de necesitar taller de chapa y pintura. ¿Es pura dejadez, un dejarlo estar o interés económico por la reducción mínima de plazas que supondría una redimensión? Una readaptación a la realidad de la demanda y un lavado de cara podría justificar posteriormente un ligero incremento de tarifas. Pero no así. Los técnicos que diseñaron estas infraestructuras y los políticos que las aprobaron deberían contar con placas de recuerdo con sus nombres. La calidad de vida del ciudadano pide la reforma. No es mucho.
