LA CELEBRACIÓN de los 39 años de la Constitución coincide con el debate sobre la necesidad de la reforma de la misma. Antes que nada, sería necesario reconocer el gran aporte que representó y representa para la historia de España la actual Constitución. Significa el mayor período de libertades y de modernización profunda en la economía y en la sociedad española. El debate sobre la necesidad de la reforma no se plantea con suficiente transparencia por parte de todas las fuerzas, imprescindibles para llevar a cabo los cambios. Hay posiciones más inmovilistas o de resistencia que parecen justificarse en la incapacidad para el consenso imprescindible para llevar a buen puerto la reforma, aunque en tal argumento estén ocultando la oposición a los cambios o el temor a los riesgos de abrir esa posibilidad. Obviamente, las reformas que se puedan plantear obedecerán a la necesidad de las mismas, compartidas por amplias mayorías. Un planteamiento de reforma no puede basarse en la voluntad de liquidar la actual Constitución y el sistema de libertades que ha permitido, aunque tal planteamiento rupturista minoritario exista, ni tampoco sería para dar satisfacción a los independentistas catalanes, como una expresión de debilidad. Tampoco este argumento puede servir de pretexto, como a veces parece, para frenar la necesidad de buscar y encontrar una respuesta lo más estable posible a la cuestión catalana y territorial. Nunca dará la respuesta que un separatista pueda esperar pero sí puede contribuir a que esas posiciones no solo no crezcan sino que se reduzcan. Si la Constitución del 1978 sirvió para dar a España casi cuarenta años de paz, estabilidad en libertad y prosperidad, parece normal que en ese aniversario se abra el debate para con las reformas que se acuerden por mayoría construir la herramienta que garantice nuevas décadas de estabilidad en libertad.
