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Habrá un referéndum en Cataluña, sin duda

Nadie puede dudar, a estas alturas, dadas las recientes manifestaciones de diversos miembros del Gobierno, y el viejo proyecto de las primeras negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas, dibujando esa opción como fórmula de respaldo a lo que se acuerde en la negociación «entre iguales» Gobierno-Generalitat, de que, lo vistan como lo vistan, que habrá referéndum en Cataluña. ¿Pero cómo lo van a disfrazar, y con qué efecto? Porque un referendo, aunque se llama consultivo se hace para algo. Es evidente que, según su resultado, debe tener alguna repercusión. Porque si no tiene otra finalidad, ¿para qué se hace?

El nuevo hombre fuerte del Gobierno de Sánchez, ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en unas declaraciones a El País, falta a la verdad afirmando literalmente que el Estatut de 2006 «tuvo un respaldo de más del 70% de la población». Bolaños tergiversa de modo consciente los datos. Cuando el 18 de junio de 2006 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto la abstención fue del 50,59 por ciento; o sea, que no lo respaldó como dice Bolaños el 70 por ciento de la población de Cataluña. Cierto que, de menos de la mitad de los votantes, entre los que sí votaron a favor fue el 73,90 por ciento, en contra, el 20,76 por ciento (propugnado entonces por el PP y ERC) y 5,3 en blanco. La oposición lo interpretó un fracaso de Zapatero y sus compromisos con Maragall, que había aceptado el Estatut sin conocer su contenido.

A pocas semanas de que se celebre la reunión preparatoria diversos miembros del Gobierno, como hizo hace poco el mismo ministro Iceta, que llegó a sugerir poner sobre la mesa la reforma de la Constitución, ya reconocen abierta y reiteradamente que en Cataluña se celebrará una consulta popular. Esta semana ha comenzado con las declaraciones de la ministra de Política Territorial y nueva portavoz, Isabel Rodríguez, además de la cantinela de que la Constitución será un límite que no se va a traspasar, como si cupiera otra cosa, vino decirnos que por lo visto «en el marco de la Constitución y la ley cabe todo», lo cual no deja de ser una afirmación aventurada. ¿Todo? O sea, que la cosa es cómo encajarlo. En ese sentido, el alertador Iceta, que fue el primero en anunciar que habría indultos, propugnó sin ambages votar en referéndum «un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado», como fruto del diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.

Aparte de la cantinela repetida de amnistía e referéndum de los independentistas, está por saber qué pone sobre la mesa Sánchez, que podría resumirse en la fórmula de reducir la presencia del Estado en Cataluña, más competencias cedidas, más dinero y otra serie de cesiones fundamentales, que en su día fueron desmontadas del Estatut de 2006 (que como se recordará Sánchez ofreció al juez Vidal, redactor del proyecto de la Constitución catalana, reponer mediante leyes orgánicas, es decir, fundamentales). Y no olvidemos que en la transacción de enero de 2020 entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez se destacó que, en la futura mesa de negociación, se buscarían «acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana y que los acuerdos serían sometidos a la validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña mediante los mecanismos previstos en la ley como a través de nuevas vías que puedan preverse en la ley». Es notorio que de modo claramente explícito se evitó citar la Constitución.

Una buena pista para calcular el margen de lo que Sánchez va a llevar a la mesa de negociación entre iguales hay que recordar la vieja reivindicación que Mas planteó a Rajoy de ‘Paco fiscal’ o concierto como el vasco, y se partir de ahí los contenidos que declaró no constitucionales o reinterpretable por parte del Tribunal Constitucional y que Sánchez ofreció reponer, como queda dicho. El Tribunal Constitucional declaró 14 artículos inconstitucionales y reinterpretó otros varios, como se recordará entre otros extremos, se dotaba a aquella comunidad de un Poder Judicial propio, se usurpaban competencias del Estado no cedidas, y se eliminaba el carácter de lengua oficial también del castellano y se trataba de dar al concepto nación con respecto a Cataluña distinto del de nacionalidad. También se pretendía limitar la capacidad el Estado en cuanto a fijar normas de carácter general en materia de Derecho Civil.

¿Cómo va a hacer Sánchez para devolver a Cataluña, según sus propias ofertas, todo esto descrito sin que se vuelva a transgredir la Constitución? De momento, en la preparación del terreno, ya vemos que se trata de ir desprestigiando a los órganos constitucionales que en casos como el procès han tenido y tienen a su cargo defender la Constitución y el Estado de Derecho, de modo ordinario, como son el Tribunal Constitucional, el Supremo y el Tribunal de Cuentas. Es decir, ir desarmando al Estado para que en los acuerdos de Sánchez con quienes le son indispensables para seguir con comodidad en la Moncloa pueda cumplir sus compromisos o, dicho de otro modo: destruir el Estado para conservar el poder.

Habrá un referéndum en Cataluña, sin duda