UGT Fica y CC OO de Industria presentarán una batería de alegaciones al borrador del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, ya que consideran que las medidas que aporta son "insuficientes y confusas", y piden establecer la figura del consumidor hiperelectrointensivo, tal y como se hizo en Francia tras aprobarlo la Unión Europea, y recuperar el servicio de interrumpibilidad.
En un comunicado, los sindicatos consideran que la propuesta de Estatuto del Gobierno "no soluciona" el problema de las empresas que consumen energía y también muestran serías dudas sobre que se vaya a provocar "un ahorro real y no se añadan más costes al imponer nuevas obligaciones".
Así, advierten de que "se pone en riesgo" a comarcas enteras y no se vincula los mecanismos de ayuda al mantenimiento de la producción y del empleo.
Los sindicatos piden así que a este tipo de consumidores se les aplique medidas complementarias como la exención de hasta el 90% de los costes derivados de los peajes de transporte y distribución o la exención del 95% del impuesto eléctrico. Además, proponen reducir los peajes de acceso, compensar el 7% del impuesto de producción e incluir el 'céntimo verde' del carbón.
Proponen modificar la compensación, hasta alcanzar el 100% del coste real
Además, UGT y CCOO, que velan también por garantizar la participación sindical en todo el proceso, echan en falta en la propuesta de Estatuto que se obligue a las empresas beneficiarias a mantener la producción y el empleo mientras estén vinculadas a las ayudas. De esta manera, plantean elevar a cinco años el ámbito temporal y a la mitad la actividad industrial.
Para las dos organizaciones, las grandes consumidoras de energía también deberían comprometerse a aplicar en sus procesos productivos las mejores tecnologías disponibles relativas a la eficiencia energética y a potenciar las inversiones necesarias en proyectos de economía circular.
ELEVAR LA COMPENSACIÓN POR CO2 HASTA LOS 280 MILLONES. Por otra parte, señalan que la partida destinada a compensar los costes por emisiones indirectas de CO2 debe estar reconocida de forma ordinaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que se debe aplicar en su integridad hasta el máximo autorizado por la Comisión Europea (20% de lo recaudado), elevándola así hasta los 280 millones de euros.
También proponen modificar la compensación, hasta alcanzar el 100% del coste real, de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los extracostes de territorios no peninsulares.
En cuanto a los contratos de compraventa a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés), rechazan la medida y consideran que solamente define la obligatoriedad de contratar a plazo un 10% del consumo anual, al consumidor, pero no establece ninguna medida sobre el precio de venta que fije el suministrador.
FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este jueves que, si el estatuto para los grandes consumidores electrointensivos "se aprueba como está", la factoría de Alcoa en San Cibrao, ubicada en Cervo, "cierra".
"Más que garantizar el futuro, el estatuto es un parte de defunción para las empresas electrointensivas. Pone menos dinero del que había y en vez de repartirlo entre cien empresas, entre 600. Por cierto, la mayoría de estas nuevas 400 o 500 empresas, entre País Vasco y Cataluña. Si se aprueba como está, Alcoa San Cibrao cierra", ha señalado.
Lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha remarcado que "la gente cree que es un problema político" cuando "no" es así y a él le gustaría "felicitar" al Gobierno por que "rectificase" una decisión que "extiende el parte de defunción a las empresas electrointensivas", que necesitan un precio fijo de 35 o 40 euros por megavatio.
"Todo esto es una broma", ha lamentado, al tiempo que ha vuelto a recordar que, mientras en Galicia hay esta situación sobre la mesa, el Gobierno central negocia la transferencia de competencias de la Seguridad Social con Euskadi o fija una mesa de diálogo con Cataluña para hablar "de tú a tú".
Así, ha concluido que a él "no le pagan" para "activar" conflictos, pero tampoco para que se "calle" o mire "para otro lado" ante situaciones como las que vive la Mariña lucense.
