DOS PAPAS y dos reyes conviven, la reina venida del pueblo presentaba el telediario y el Gobierno alberga republicanos expertos en nada como el comité del coronavirus que se ha confirmado que no existía. La Historia une y separa al mismo tiempo. Alfonso XIII abandonó voluntariamente España y su nieto Juan Carlos I se muda de la casa donde vivió durante 58 años para irse a la isla bautizada por Colón como La Española, una referencia en la distancia para gloria juancarlista en la transición de Franco a la democracia. El rey siendo investigado es nuevo formato en la crónica de los menos jóvenes, como lo fue aquella declaración tras la expedición a Botswana: "Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir".
Desde el mismo Gobierno se tuitea contra la monarquía, se quiere acabar con la Guardia Civil y los medios de comunicación lucen campañas gubernamentales a toda página. El periodismo muchas veces ha dictado sentencia antes que la propia Justicia y la información publicada sobre el rey emérito en algunos medios de comunicación pone de manifiesto cómo se han excedido los límites de la información para llenarla de sensacionalismo. Este nuevo caso evidencia la confusión entre el interés público y el interés de las audiencias. Que los periodistas ni juzgan, ni condenan sino que informan es la asignatura a aprobar desde hace más tiempo del que sería recomendable.
La presunción de inocencia se olvida en el caso del rey padre. Su salida de España es tema que va a gastar mucha tinta en las próximas semanas; pero mientras tanto es educativo tener presente que la presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, incorporado a la legislación y, obviamente, incluido en la Constitución de 1978. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Como derecho fundamental conecta con otros derechos, como el referente a la honra, a no ser objeto de tratos inhumanos o degradantes, a la igualdad ante la ley y, obviamente, a la dignidad humana. Este derecho obliga tanto al Estado como a los particulares y dentro de estos a los medios de comunicación. El ejercicio del periodismo implica, o debería, valores éticos, principios profesionales y normas legales que se deben respetar. Estamos envueltos en un ambiente que juzga y condena y lleva a gente a la cárcel por presión mediática al ser un poderoso movilizador de opinión pública. Buscar la verdad y no elaborar enjuiciamiento es hoy utopía. Hacer entender los hechos es escuela de clásicos, pero no aparenta estar en vigor. Difamar o ser autor de imputaciones precipitadas y falsas hacen del periodismo un obstáculo para que sea real el derecho ciudadano a una justicia eficaz.
Se investiga a Juan Carlos de Borbón pero no tiene ninguna causa abierta ni está imputado por delito alguno. La Fiscalía del Tribunal Supremo estudia si cometió fraude fiscal o blanqueo de capitales después de su abdicación en junio de 2014. La investigación continúa aunque se haya ido a República Dominicana, no antes sin haber dejado escrito, en el comunicado oficial, su disposición a colaborar.
