La conselleira de Mar, Rosa Quintana, ha alertado este miércoles sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Ley de Costas por parte del Gobierno central, que "ataca" al sector en Galicia y pone en riesgo "como minimísimo a más de un centenar de empresas" por lo que pide "sensibilidad" al Ejecutivo central.
Tras la firma de un convenio con la Federación gallega de cofradías, la responsable de la Consellería de Mar ha incidido en la repercusión que puede tener el cambio normativo y que "puede traducirse en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la comunidad".
"Esta reforma ataca a la línea de flotación de nuestro sector, pues tenemos que pensar que toda nuestra producción de mejillón, almeja o berberecho tiene que pasar por depuradoras, cocederos o empresas de transformación y, si estas no tienen seguridad jurídica, se vería seriamente comprometida la puesta en el comprado de la producción de nuestros mariscadores", ha resumido la titular de Mar.
Rosa Quintana ha rememorado que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo desde abril del pasado año sobre la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado.
Por contra, ha dicho, Galicia defiende un reglamento que tenga en cuenta la viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar "porque de eso depende el futuro del sector".
De hecho, las alegaciones presentadas por la Xunta al cambio legislativo solicitan que se garantice al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados "no queden expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que puedan producirse en función del Gobierno de turno y que incidan en el desarrollo de su actividad".
Entre los aspectos que la Xunta considera perjudiciales para las empresas afectadas está que el plazo máximo de duración de las concesiones quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas.
Otro asunto que consideran contraproducente desde el Gobierno gallego es el hecho de que se revisen los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga lo que, aseguran, complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.
Por otro lado, la conselleira también ha recordado que el reglamento afecta a cerca de 5.000 edificaciones de 80 concellos costeros, entre las que se encuentran desde centros de salud hasta colegios.
Quintana ha pedido "sensibilidad" a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, porque esta norma "sería darle un estacazo definitivo a la cadena mar-industria" y a "unas empresas que está acreditado que desarrollan una actividad que no supone ningún riesgo para el medio ambiente y sí mucha riqueza para nuestras zonas costeras", ha zanjado.
