LUGO. La continuidad de la escuela municipal de música es uno de los asuntos más delicados y urgentes que el gobierno local tiene sobre la mesa, no solo porque en el centro estudian unas mil personas y porque media jornada laboral (y el salario equivalente) de los 18 músicos está en el aire, sino porque podrían llegar a bloquearse las nóminas de todos los trabajadores del Concello. El funcionario que ejerce como interventor accidental ya hizo una «observación» en la nómina de octubre -es un documento único, para todo el personal municipal- debido a la sentencia judicial que anuló la mitad de la jornada laboral de los trabajadores de la escuela de música. El Concello agotó el recorrido judicial recientemente, después de que el Supremo rechazara su recurso.
El alto tribunal dio a la administración dos meses para acatar el fallo judicial por lo que aún está en plazo y de momento el interventor se limitó a hacer una «observación». Pero si el gobierno local no encuentra la fórmula para cumplir la sentencia sin tener que cerrar la escuela, en diciembre el interventor podría poner reparo a toda la nómina municipal. Solo la alcaldesa podría levantarlo y, de esa forma, se podrían abonar los salarios a los más de 600 trabajadores del Concello.
Existe un precedente parecido. En febrero del año pasado, el reparo de los servicios de Intervención y Persoal al pago de productividad a siete trabajadores del servicio de Augas bloqueó el abono de todas las nóminas durante dos días.
El gobierno local asegura que trabaja en la búsqueda de una solución para mantener abierta la escuela de música y evitar daños colaterales como el apuntado. Insiste en que pretende hacerlo a través de la aprobación de la nueva relación de puestos de trabajo del Concello (RPT), después de que la modificación puntual que se hizo en 2012 para ampliar la jornada laboral de los músicos fuera anulada judicialmente. Ahora prevé crear plazas de músico-docente y hacer una adscrición provisional (no puede superar el año) de los actuales trabajadores a esas plazas. Estos son del grupo C2 pero, al no ser un centro de formación reglada sino más bien de dinamización cultural, no es obligatorio el nivel A1, sostiene el gobierno local. Para dar una solución definitiva a estos trabajadores, la RPT prevé un plan de ordenación de recursos humanos, que implicará que los trabajadores tendrán que enfrentarse a un proceso selectivo, que está por definir, para acceder a las plazas de forma definitiva.
Con todo, la RPT todavía tiene que recorrer un camino antes de su aprobación. Tiene que volver a pasar por la mesa sindical de negociación y obtener los informes técnicos (de Intervención y Persoal, como mínimo), para poder ser aprobada por la junta de gobierno local. A continuación se publica, se abre un plazo de alegaciones, se responden y se aprueba de forma definitiva. Es muy improbable que todo ese proceso se complete antes de fin de año, pero la tesis del gobierno es que la aprobación de la RPT no es un acto único y de alguna manera pretende justificar ante el juzgado que la ejecución de la sentencia está en marcha.
