A la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, según confesión ante cámaras y micrófonos, le metieron un gol por la escuadra: la legalización del sindicato Otras, que agrupa a prostitutas de Barcelona. La responsable del gol -la publicación en el BOE de la aprobación de ese sindicato- Concepción Pascual, directora general de Trabajo, dimitió o la destituyeron ayer. También el presidente del Gobierno se pronunció contra esa legalización del sindicato de prostitutas y aseguró que es partidario de la ilegalización, prohibición o abolición de la prostitución. Son dos cuestiones diferentes: autorizar el sindicato y prohibir, ilegalizar o abolir la prostitución. No mezclemos. Si la asociación de prostitutas cumple los requisitos para formalizarse como tal sindicato, gustrará más, menos o nada, pero su autorización no es cuestión de posiciones personales. Si encubre la explotación de la prostitución no se entiende que haya pasado los trámites administrativos para acabar en el BOE. Más que un gol por la escuadra habría incluso alguna responsabilidad legal si se autoriza lo que no puede legalizarse. De momento, la prostitución está como en ningún otro país europeo visiblemente presente en las carreteras y en las calles de muchas ciudades. Las carreteras son auténticos barrios rojos. En ese mundo, que aparece al margen de toda regulación, el asociacionismo de las personas que casi siempre son víctimas de explotación parece más un gol por la escuadra para traficantes de personas y proxenetas que para la ministra. La ilegalización y prohibición de la prostitución es otro debate diferente y de más calado al del asociacionismo en una realidad que está ahí. Es un debate que puede y debe abrirse, como sucede y sucedió en otros países europeos. Ábrase y escúchense las razones a favor y en contra. Y decidan los legisladores.
