La Diputación de Lugo reclamará un aumento de la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) a la Xunta, de acuerdo con una moción aprobada este martes por la corporación provincial en pleno.
Según ha detallado la Diputación Provincial, la moción ha sido defendida por el diputado socialista Pablo Rivera, quien ha criticado que el Gobierno gallego traspase a los ayuntamientos la responsabilidad de este servicio que busca prevenir y atender situaciones de necesidad con apoyo doméstico, social, educativo, rehabilitador y técnico sin apoyar su financiación.
En este sentido, el también diputado provincial de Promoción Económica y Social ha reprobado que la Xunta no incrementase la partida destinada al servicio en la última década y que destine 9,70 euros por hora al mismo pese a que su coste real oscila entre los 18 y los 22, lo que causa que la diferencia sea asumida por los ayuntamientos y la ciudadanía.
Mientras, ha destacado que la Diputación de Lugo dedica al SAF casi 12 euros por hora en sus presupuestos de 2021, que suman 92,5 millones de euros frente a los 11.563 millones de euros de los del Ejecutivo gallego.
Pablo Rivera ha explicado que las competencias en servicios sociales corresponden a la Xunta, por lo que ha afirmado que su traspaso a las entidades locales debe conllevar la transferencia de los medios precisos, de acuerdo con la legislación vigente.
Precisamente, ha subrayado que un informe de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) detalla que los ayuntamientos recibieron más de 17.300 nuevas solicitudes para acceder a servicios sociales o ayudas durante la primera ola de la pandemia, que ha sobrecargado en mayor medida las arcas municipales.
NUEVO MODELO EÓLICO. En otro orden de cosas, la corporación provincial ha acordado que la Diputación de Lugo defienda un nuevo modelo eólico y reclame a la Xunta la modernización del ordenamiento del sector compatibilizando el respeto al medioambiente y el desarrollo del mismo.
Además, pedirá al Gobierno gallego la creación de una oficina de asesoramiento técnico, administrativo y medioambiental para ayuntamientos y comunidades afectadas por la actividad eólica.
A este respecto, el diputado provincial Pablo Rivera ha resaltado el gran incremento del desarrollo de la energía eólica que tuvo lugar hasta 2008 gracias al marco regulador que favorecía su aprovechamiento y la apuesta por energías renovables, mientras que "entre los años 2009 y 2018, solo se instalaron en Galicia 277 megavatios de potencia eólica", lo que ha achacado a la falta de un plan industrial.
De este modo, ha lamentado la falta de información, asesoramiento y alternativas a la expropiación ofrecidas a propietarios de terrenos, así como que no se les traslade un marco regulador adecuado ni una planificación. Como consecuencia, Rivera ha afirmado que los parques se instalan en territorios de la Red Natura 2000, lo que conlleva el rechazo de colectivos ecologistas a una energía renovable.
Asimismo, ha puesto el foco en el porcentaje mínimo de los beneficios generados que reciben los ayuntamientos, lo que ha relacionado con el hecho de que la Xunta "incumple su propia legislación sobre el canon y el Fondo de Compensación Ambiental".
40 ANIVERSARIO DEL 23-F. Por otra parte, al inicio del pleno, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, se ha referido al 40 aniversario del intento golpista del 23F, que se conmemora este martes.
En esta línea, ha señalado que una sesión plenaria representa "una pequeña celebración de la normalidad democrática", consistente en el desarrollo de un mandato emitido a través de las urnas por los ciudadanos. Así, ha llamado a estos últimos a renovar su compromiso con la democracia, que "resistió hace 40 años un feroz ataque frontal" y que debe reforzarse "cada día" con un trabajo cotidiano.
