El Ayuntamiento de Sarria llevará al pleno ordinario que se celebrará este jueves más de 100.000 euros en modificaciones de crédito para dar cumplimiento a varias sentencias judiciales. Las mayores cuantías a abonar son a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (30.000 euros) y a la empresa que construyó la piscina cubierta (36.000).
La corporación municipal abordará en la sesión, que será a las 19.30 horas, un suplemento de crédito y un crédito extraordinario por 58.000 y 60.000 euros, respectivamente. Estas cuantías se financian con cargo a una partida de las cuentas de amortización de deuda, explicó el teniente de alcalde, Efrén Castro.
La administración local tiene que pagar 36.700 euros por revisión de precios a la empresa que ejecutó la piscina. El asunto acabó en los tribunales al debatirse qué organismo debía abonar esta cuantía, la Diputación o el Ayuntamiento, siendo este último finalmente condenado.
La firma reclamó la revisión de precios porque, según dijo en su momento, el proyecto inicial tenía una duración no superior a un año, pero las obras se vieron ralentizadas e incluso paralizadas al tener que elaborar un modificado por la aparición de incidencias, como filtraciones de agua.
Con cargo a estas modificaciones de crédito el Concello tendrá que abonar otros 30.000 euros a la SGAE por los derechos de autor de las fiestas de San Xoán de anteriores mandatos en virtud de dos sentencias judiciales, indicó. El Ayuntamiento fue condenado a abonarlos de forma subsidiaria por las patronales, que eran organizadas por asociaciones.
La polémica entre la Sociedad General de Autores y Editores y los colectivos que promovieron las fiestas comenzó hace cerca de una década y motivó varios actos de conciliación en los juzgados.
ALQUILER DE UNA NAVE. En estas modificaciones de crédito se reservan otros 29.000 euros para la ejecución provisional de otra sentencia. El juzgado de Sarria condenó al Ayuntamiento a abonar al propietario de una nave de la Rúa Formigueiros el importe de las rentas de alquiler adeudadas durante dos años.
El dueño se dirigió al tribunal el pasado noviembre para solicitar la ejecución provisional del fallo, petición que fue aceptada.
Por otro lado, en las modificaciones de crédito se prevén alrededor de 21.000 euros para el pago de intereses de demora a trabajadores y por dichas sentencias judiciales.
