El plan especial de protección del casco histórico de Monforte ha entrado en vigor y el expediente ha sido remitido al registro de planeamiento de la Dirección Xeral de Urbanismo. El alcalde, José Tomé, señaló desde que se inició su tramitación en el año 2015 que sería el instrumento perfecto para poner en valor cientos de casas. De hecho el equipo de gobierno ha asumido el reto que se marca en este documento, consistente en llegar a arreglar un total de 435 de viviendas en el entorno de protección.
En el plan especial se recoge que será necesario un periodo de 16 años para reponer para su uso 281 viviendas y mejorar otras 154 ocupadas. Asimismo, se contemplan acciones en bajos de edificaciones del casco viejo monfortino para darle un uso comercial, acción que se cree sería un revulsivo para ciertas calles.
PÉRDIDA. El conjunto histórico sufre desde hace años una alarmante pérdida de vecinos, siendo especialmente grave en dos de las calles de las más antiguas de la ciudad, como son Abeledos y Ramberde, donde la mayoría de las casas se encuentran deshabitadas y tienen colgado un cartel de se vende.
En concreto, según el estudio realizado por los redactores del plan especial, en estas dos calles hubo una disminución de vecinos del 35% en tan solo quince años. Es la más elevada de los espacios analizados.
El casco viejo cuenta con un total de 1.704 casas. De ellas, 700 son unifamiliares y el millar restante tiene dos o más viviendas.
Todas comparten dos problemas. Uno es su mal estado de conservación y, otro, que están desocupadas, por lo que se teme que su deterioro vaya en aumento al no recibir atención por parte de sus propietarios.
DERRUMBES. Su colapso estructural, en la mayoría de los casos, apuntan los redactores del plan especial, está cercano.
Cualquiera que pasee por el centro de la ciudad encontrará decenas de edificaciones semiderruidas, con fachadas con grandes cortinas para impedir desprendimientos y valladas por la Policía Local para prevenir accidentes.
Informes
El documento contó con los informes favorables de decenas de organismos, como la Axencia Galega de Infraestruturas, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, la Consellería de Facenda, la Secretaría Xeral de Patrimonio, la Diputación Provincial de Lugo, la Dirección General de Política Energética y Minas, el Ministerio de Hacienda o la Subdelegación del Gobierno en Lugo, entre muchos otros.
