El CGPJ rechaza que testifiquen dos inspectores por el expediente abierto a De Lara

Esas declaraciones, ha afirmado su abogado, resultan "esenciales" para justificar los retrasos en las instrucciones de la Carioca y la Pokemon

Pilar de Lara. SEBAS SENANDE
photo_camera Pilar de Lara. SEBAS SENANDE

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por dilaciones indebidas en los procesos que lleva, ha rechazado las pruebas testificales que había presentado la magistrada. 

El abogado de la jueza, Agustín Azparrén, ha avanzado que han recurrido esta decisión de no aceptar los testimonios de dos inspectores del Consejo que fiscalizaron el juzgado que lleva macrocausas como la Carioca, sobre redes de prostitución, o la Pokemon, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas, o de los "jefes" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan con Pilar de Lara. 

"Junto al escrito de alegaciones al pliego de cargos se habían propuesto una serie de pruebas; documentales y testificales, precisamente para justificar que esos retrasos que se imputan son retrasos que están justificados. Y qué mejor que los dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial que han hecho las tres últimas inspecciones (entre 2013 y 2014), que hicieron un seguimiento del juzgado y que siempre tuvieron un juicio muy favorable al trabajo de Pilar de Lara", ha subrayado el letrado. 

La declaración de esos dos inspectores, ha afirmado Azparrén, resulta "esencial" para justificar los retrasos en las instrucciones, además "de otras pruebas (testificales) de los jefes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han estado colaborando directamente con el juzgado (número 1 de Lugo) en las instrucciones", ha abundado. 

"Toda esa prueba testifical fue denegada, se dice además que no cabe recurso contra la denegación. En todo caso, jurídicamente entiendo que sí (cabe recurso) y hemos recurrido", ha corroborado.

"INDEFENSIÓN". Azparrén, preguntado sobre si esto supone un "paso atrás" en el expediente, ha aclarado que "el promotor (de la acción disciplinaria) tiene seis meses de plazo para que no caduque el expediente y el hecho de que a lo mejor haya pruebas testificales y señalar días puede, a lo mejor, hacer peligrar que se agote el plazo de seis meses". 

Con todo, el abogado madrileño interpreta que "eso genera una indefensión a la expedientada. "Y, por lo tanto, siempre que se haga en un plazo razonable y por eso el recurso, a pesar de que teníamos más días, lo hemos hecho inmediatamente para que no se piense que es una forma de retrasar el expediente", ha manifestado finalmente sobre la presentación de dicho recurso, que se hizo efectiva el pasado viernes 18 de enero.

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