La Guardia Civil da por desarticulada, tras la detención de siete personas, una organización internacional dedicada al cobro de deudas de empresarios mediante la utilización de métodos violentos y que tenía su sede en Pontevedra.
En la operación, denominada Explosiva-Juan, los agentes se han incautado de un arma de fuego simulada y diverso material "altamente sofisticado" para la vigilancia y el seguimiento, además de una docena de matriculas falsas de diferentes países europeos.
La organización, según precisa la Guardia Civil en un comunicado, se dedicaba al cobro de deudas de empresarios españoles y portugueses, así como de otros países centroeuropeos, para lo que "utilizaban gran violencia, coacciones y amenazas".
Tras las denuncias presentadas el pasado mes de agosto por alguna de sus víctimas, la Guardia Civil comprobó la existencia de una organización que trabajaba para la empresa Eurobulldog dedicada "al cobro extrajudicial a nivel internacional" y que poseía dos domicilios fiscales en Madrid y Lisboa.
Se determinó además que la empresa actuaba desde una vivienda de Pontevedra y ofrecía sus servicios a través de una web que no estaba registrada como empresa mercantil y no contaba con los mecanismos legales de cobro de los servicios prestados ni para el pago de las obligaciones tributarias derivadas de la relación laboral que ofrecía.
Una vez contactada, el cliente facilitaba los datos de la víctima y la cuantía económica de la deuda y, en función de esta cantidad, la dificultad y los medios necesarios para el cobro, la organización determinaba el porcentaje de su minuta y se firmaba un contrato falso.
Para dar apariencia de legalidad la banda contaba con director comercial, encargado de la dirección y supervisión de los casos, departamento logístico y gestores que se desplazaban para elaborar informes operativos, para lo que disponían de distintos vehículos.
Después, precisa la Guardia Civil, para hacer efectivo el cobro de las deudas, el cabecilla de la organización, acompañado por uno de sus lugartenientes, presionaba a las víctimas y para emplear la violencia, amenazar y extorsionar se recurría a personas normalmente latinoamericanas de gran corpulencia.
La intervención de la Guardia Civil se ha desarrollado en Pontevedra, Badajoz, Madrid, Guadalajara y Cantabria con efectivos de la Policía Judicial de Navarra y Guadalajara y dirigida por juzgados de Instrucción de Tudela, Navarra, y Guadalajara.
