Lara Méndez anunció esta semana la decisión más arriesgada de sus seis años de mandato, derribar la urbanización de O Garañón para convertir la finca en una zona verde. Fue una de las promesas electorales tras cuatro años de dudas porque quienes habían autorizado las polémicas torres habían sido sus mentores en política. Sin embargo, desprovista ya de ataduras y con las arcas municipales preparadas para asumir una indemnización millonaria en el peor de los escenarios, Lara Méndez ha apostado por sacarse de la vista el esqueleto vergonzante que sonroja a todos los lucenses cuando miran al Parque desde el valle del Miño.
Pese a la probada ilegalidad de esta urbanización, demostrada gracias al empeño de los vecinos afectados, desde el Concello se tardó en adoptar un decisión contundente y por ello se llegaron a barajar varias alternativas para reponer la legalidad. Cuatro ofreció el estudio encargado por el gobierno local a un gabinete de arquitectura y de ellas, la alcaldesa acaba de elegir la más beneficiosa para los vecinos que habían perdido las privilegiadas vistas pero también para los lucenses en general, demoler todo y hacerse con los terrenos para ampliar las cuestas del Parque.
Cualquier ciudadano sin intereses en la zona apoyaría esta decisión, a pesar de que los terrenos cuentan con edificabilidad desde hace varias décadas, llegando a obtener Fin del esqueleto vergonzante la máxima cuando gobernaba el PP. Y ese es precisamente el riesgo que ningún alcalde quiso asumir hasta ahora, el de hacerse con la propiedad ante el elevado coste que la operación suponía en una de las zonas residenciales más codiciadas de la ciudad.
¿Qué ha cambiado entonces para se opte ahora por una zona verde? Pues, por una parte, porque la complejidad que a partir de ahora va a tener edificar en un terreno tan afectado por la protección de bienes singulares haría dudar a cualquier promotor con ganas de hacer negocio y, por otra, porque la entrada en concurso de acreedores de la empresa propietaria de la urbanización puede facilitar una negociación de compra por parte del Concello.
Así, los 26 millones de euros que hace años llegó a exigir la empresa promotora como indemnización al Concello podrían rebajarse sustancialmente si hay un acuerdo y se renuncia a una reclamación judicial que se antoja larga.
En todo caso, lo que ahora parece ya irreversible es la demolición de un edificio que le va a costar a los lucenses casi un millón de euros, pero cuya desaparición servirá para eliminar de la vista un adefesio. Después ya se verá si este o el próximo gobierno local es capaz de negociar un buen acuerdo para la ciudad que no deje temblando las cuentas municipales, porque una indemnización que se acerque a la cifra solicitada en su día por el promotor puede suponer que la ciudad se quede al menos durante dos años sin un euro para invertir. Y eso es todo un pastón por una zona verde en pendiente.
Las cuentas del promotor
El millón de euros del derribo solo es una pequeña parte de lo que podría costar convertir en zona verde O Garañón. En la demanda presentada por el promotor se reclamaba el pago que hizo en su día por los terrenos y que hace meses, en subasta, se valoraron en seis millones. Luego están las licencias, impuestos y proyectos, el gasto en urbanizar y levantar la torre a demoler y el beneficio no obtenido. Y así hasta 26 millones.
El coste político
La amortización política de O Garañón ya parece saldada por mucho que se empeñe el PP —el mismo que luego pasa hoja a los pecados de sus exdirigentes— en recordarlo. Aun así, Lara Méndez da la impresión de que tiene que comerse en solitario este envenenado caramelo urbanístico, pues sus socios nacionalistas se han puesto de perfil en el tema, quizá para que el desgaste no les afecte y el éxito, si lo hay, se reparta.
Un pleno monográfico
La alcaldesa ha querido justificar que se opte por la zona verde en O Garañón, pese al coste que puede suponer, en un acuerdo plenario de 2018 en el que todos los grupos, menos el PSOE, apoyaron esta alternativa. Desde entonces, la corporación se quedó sin dos grupos y se ha rebajado el discurso asambleario-populista, por lo que una decisión de tal calibre igual merece ahora un pleno monográfico sobre el asunto.
