E L PLENO del Concello aprobó el pasado jueves el mayor presupuesto de la historia municipal, con un montante de 106,4 millones y partidas para dedicar a las ahora tan necesarias políticas sociales por importe de 31,2 millones. La noticia de que antes de que acabe el año haya ya cuentas para el siguiente es buena, sobre todo porque en el anterior mandato fue necesario acudir a prórrogas o cuestiones de confianza para sacar adelante los presupuestos.
La única pega es la negativa de la oposición a darles su apoyo, no se sabe si por falta de negociación entre las partes o por legítima estrategia política. Aun así, la bronca telemática vivida en la sesión extraordinaria para aprobar las cuentas vino a demostrar que no solo hay una distancia entre las políticas que buscan gobierno y oposición, también cierto interés por demostrar de puertas hacia afuera que en Lugo también hay bloques de izquierda y derecha sin mucho interés por el acercamiento.
Pero al margen de la agenda política que marcan los partidos a los grupos municipales, un análisis de las cuentas de 2021 revela que Lugo volverá a endeudarse después de varios años de austeridad obligada por la ley Montoro y también por el estancamiento burocrático de algunos proyectos. El crédito que autorizan las cuentas asciende a 7 millones de euros y no tiene de momento nombre ni apellidos, ya que el gobierno local asegura que se usará para reforzar inversiones o Un colchón para hipotecas gasto social. Claro que a la vista de algunas noticias que acaba de recibir el Concello, como la sentencia del TSXG que ratifica la indemnización de dos millones de euros a Inca por el fallido proyecto de la fábrica de la luz, igual es necesario usar parte del colchón del préstamo a pagar la hipoteca de la mala gestión de ese asunto.
Aunque todavía es recurrible ese fallo, también está pendiente el futuro de la urbanización de O Garañón, unos terrenos que son propiedad de un promotor ourensano que plantea que se le indemnice con más de 20 millones de euros si finalmente no puede ejecutar un proyecto paralizado hace casi un década por la jueza Pilar de Lara. El gobierno local quiere que esa finca que limita con las cuestas del parque Rosalía pase a ser zona verde, una decisión que comparten no solo los vecinos a los que las torres les saca las vistas del valle del Miño, sino también todos los lucenses. El problema es cuál puede ser el coste de esa medida, haya o no acuerdo. Porque en el caso de que el promotor no acepte la permuta de terrenos municipales que se le oferte, habrá que tirar de presupuesto para compensarle.
No son estas las únicas posibles hipotecas del Concello, ya que está por ver si la anterior concesionaria del servicio de la Ora, Doal, cuya actividad quedó paralizada hace cinco años antes de que acabase el contrato por decreto de la alcaldía y para ejecutar una sentencia que anuló el concurso. La empresa sigue cotizando por la plantilla, no retiró los parquímetros y podría reclamar una indemnización en caso de que el servicio se vuelva a adjudicar.
Hermanos en el candelero
Ángel Tomé fue reelegido al frente de la UGT Lugo en un congreso al que asistió su hermano José, alcalde de Monforte y presidentede la Diputación. No son los únicos hermanos vinculados a la ciudad del Cabe que llegaron a estar en primera línea política ysindical, ya que en su día Mario Docasar dirigía en Monforte el sindicato fundado por Pablo Iglesias mientras su hermano Vicente era diputado autonómico del PSOE.
Guiños al pacto PP-BNG
El BNG anunció que presentará enmiendasa los Orzamentos de la Xunta para que seincluyan más partidas para A Tinería y paraun nuevo polideportivo en la ciudad. Aunqueel delegado autonómico replicó con lainversión hecha hasta ahora en ese barrio yla prevista, esas peticiones bien podrían serasumidas por el Gobierno gallego, que haríade esa forma un guiño a ese pacto parlamentarioPPdeG-BNG que plantea Feijóo.
Cochazos oficiales
El PP reeditó la polémica de los audis del bipartitode la Xunta en el debate presupuestario por la partida de 70.000 euros para la compra de un nuevo coche oficial para la alcaldía. El BNG se puso de perfil y recordó que sus ediles no usan esos vehículos y el PSOE justificó el cambio por la antigüedad del actual. Lo que no dijo el PP es si venderá el nuevo coche si llega a gobernar, como intentó con el audi de la Diputación.
